La joven trabajadora de una tienda de accesorios tecnológicos, Amanda, vivió una experiencia aterradora la semana pasada cuando seis oficiales de policía la detuvieron a ella y a su novio mientras circulaban por una de las principales avenidas de Maracaibo, Venezuela.
Esa noche, los agentes uniformados no buscaron verificar los documentos del vehículo. En cambio, exigieron revisar los teléfonos celulares de la pareja, sin una orden judicial.
Uno de los oficiales incautó sus cuatro teléfonos, ingresó a las aplicaciones de mensajería directa WhatsApp y Telegram, y escribió cuatro palabras clave en el motor de búsqueda: “Maduro. Trump. Sex. Drugs.” No apareció nada comprometedor en los chats.
“Pasamos un muy mal rato. Nos tuvieron como 15 minutos y, después de revisar nuestros celulares y nuestras bolsas, nos dejaron ir”, relató la joven, quien pidió no usar su apellido por temor a represalias.
Estos registros de comunicaciones privadas por parte de la policía y agentes de inteligencia política y militar en las calles de Venezuela han sido denunciados como ilegales por defensores de derechos humanos desde las protestas masivas por las elecciones presidenciales del año pasado.
Pero las búsquedas sin orden judicial parecen multiplicarse mientras crecen las tensiones entre los gobiernos de Nicolás Maduro y el presidente Donald Trump, tras el vasto despliegue de buques de guerra y tropas estadounidenses en el Mar Caribe, amid acusaciones de la Casa Blanca de que el líder venezolano es cabeza de un cartel de drogas.
Domenico, un vendedor tecnológico y guardia de seguridad de 30 años, contó que fue “secuestrado” durante dos horas por tres policías a finales de noviembre cuando iba en bicicleta a entregar un producto a un cliente.
Los agentes revisaron exhaustivamente sus conversaciones y fotografías en WhatsApp y Telegram durante no menos de una hora y media. “Me sentí humillado. Fue un momento amargo”, dijo.
Una fuente policial familiarizada con estos registros explicó que los agentes buscan estas palabras clave para descubrir si el sospechoso está involucrado en algún tipo de delito político, como estar a favor de un ataque o invasión estadounidense.
El Artículo 48 de la Constitución de Venezuela garantiza “el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas” y advierte que solo pueden ser interferidas por orden de un tribunal competente.
Sin embargo, organizaciones civiles críticas con el gobierno de Maduro han reportado nuevas detenciones por motivos políticos desde agosto, cuando comenzó el despliegue masivo de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe.
El experto en ciencia política Guillermo Tell Aveledo señala que este nivel de vigilancia busca “imponer miedo” a los ciudadanos, pero también refleja la preocupación del gobierno venezolano sobre cómo el descontento popular, ahora silencioso, podría expresarse a través de comunicaciones privadas.
Por su parte, el sociólogo Juan Manuel Trak afirma que el gobierno ejecuta una nueva fase del “patrón de represión” que comenzó en el marco de las elecciones del año pasado, buscando “desalentar, desmantelar y generar miedo en la población” para evitar una movilización social y política que amenace su estabilidad en un momento de “alta tensión” con Estados Unidos.
Tanto Maduro como Trump confirmaron que hablaron por teléfono hace unos días, pero no compartieron detalles. El líder venezolano dijo que las conversaciones fueron en “un tono de respeto” y se declaró abierto al diálogo.
Trump se negó a evaluar la llamada, reiterando que “muy pronto” comenzarán los ataques estadounidenses contra carteles de drogas dentro de Venezuela. “La tierra es mucho más fácil, y conocemos las rutas que toman. Sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar eso muy pronto también”, afirmó.
Mientras Maduro afirma tener un arsenal militar suficiente y millones de combatientes a su favor para evitar ser removido del poder por Trump o por sus opositores, la represión interna continúa, con registros ilegales de teléfonos como una herramienta clave para silenciar a la población.
La opositora María Corina Machado llamó a una protesta el sábado en Venezuela y en 20 países “por la paz y la libertad”, denunciando que Venezuela es gobernada por “el crimen organizado en el poder” que controla el territorio “a través del miedo, la tortura y la destrucción sistemática de los pilares democráticos”.
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