La catástrofe sísmica que azotó Venezuela el pasado 24 de junio entró este martes en su sexto día crítico. La cifra oficial de fallecidos asciende a 1.943, mientras los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los escombros y la frustración de la población ante la respuesta gubernamental, considerada lenta e inadecuada, no deja de crecer.
Los sismos gemelos de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurridos con solo 39 segundos de diferencia en el centro-norte de Venezuela, han dejado hasta el momento 10.571 heridos y 15.866 desplazados, según datos actualizados por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien encabeza la respuesta pública del gobierno.
En una rueda de prensa este martes, Rodríguez señaló que se han registrado 689 réplicas desde los terremotos principales, aunque su frecuencia e intensidad parecen estar disminuyendo. «Debemos mantener la búsqueda incansable de personas con vida», afirmó.
Una noticia alentadora llegó en la madrugada del martes cuando un niño de dos años fue rescatado con vida de los escombros de un edificio colapsado en Los Corales, en el estado costero de La Guaira, casi 140 horas después de los sismos. Este rescate se suma al de otro menor extraído con vida el lunes en la misma zona, alimentando la esperanza de nuevos «milagros» a pesar de que las probabilidades de supervivencia se reducen drásticamente tras las primeras 72 a 96 horas.
El estado de La Guaira es el más golpeado, en especial las comunidades costeras de Caraballeda y Catia La Mar, donde torres residenciales y edificios comerciales se convirtieron en montañas de escombros. De los 855 edificios reportados como dañados en todo el país, 189 sufrieron colapso total, y de ellos 158 se encuentran en La Guaira, según Rodríguez.
Las autoridades estiman que 30.000 personas estaban presentes en los sectores más afectados de Caraballeda y Catia La Mar cuando ocurrieron los sismos. Unas 13.400 escaparon por sus propios medios, 6.461 fueron rescatadas por equipos organizados, sumando cerca de 19.861 sobrevivientes conocidos. Sin embargo, el número de desaparecidos sigue siendo incierto: informes oficiales de familias indican hasta 68.900 personas reportadas como desaparecidas, mientras que registros en línea documentan al menos 43.251 casos individuales.
Un análisis preliminar de la NASA basado en imágenes satelitales de radar estima que hasta 58.870 edificios podrían haber sido dañados o destruidos en la región afectada, una cifra dramáticamente superior al recuento oficial de 855. Los investigadores de la Universidad Estatal de Oregón, que trabajaron con datos del sistema Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea, advierten que la estimación es preliminar, pero sugiere una devastación masiva que se extiende desde Caracas hasta Puerto Cabello.
Según Rodríguez, 51 delegaciones internacionales han desplegado 3.660 rescatistas extranjeros, 148 unidades caninas y 49 vehículos de apoyo. Más de 26.000 efectivos venezolanos de seguridad y emergencia también están presentes, apoyados por 15.467 voluntarios registrados. Se han habilitado 69 refugios y distribuido 3,19 millones de litros de agua. El servicio eléctrico en La Guaira está casi completamente restablecido, mientras que las telecomunicaciones se recuperan gradualmente.
A pesar de estos esfuerzos, la frustración pública aumenta. En comunidades como El Junquito, al oeste de Caracas, los residentes denuncian haber recibido poca asistencia gubernamental y dependen de vecinos, agricultores y voluntarios locales para obtener alimentos y suministros básicos. «Estamos esperando respuestas, que se limpien los escombros, que se hagan inspecciones», declaró a Reuters Keily Ibarra, una manicurista de 33 años que ayuda a organizar quejas ciudadanas.
Analistas señalan que la percepción de una respuesta ineficaz supone un riesgo político creciente para el gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder en enero tras la captura del expresidente Nicolás Maduro. La gestión del terremoto se ha convertido en la mayor prueba de legitimidad para su administración.
La tensión se intensificó cuando la líder opositora María Corina Machado denunció que las autoridades venezolanas bloquearon su intento de reingresar al país desde Panamá, aunque prometió seguir buscando una forma de ayudar a las víctimas. Esta controversia añade una dimensión política a una catástrofe que ya está poniendo a prueba la confianza pública en las instituciones.
Expertos advierten que el desastre está exponiendo debilidades estructurales de larga data en Venezuela, como la falta de cumplimiento de códigos de construcción, el abandono de infraestructuras y el deterioro institucional heredado de las administraciones de Hugo Chávez y Maduro.
Por ahora, la mayoría de los venezolanos se centran en sobrevivir: buscar familiares, medicinas, comida y refugio. Pero a medida que se desvanece la esperanza de encontrar más sobrevivientes y la cifra de muertos sigue aumentando, muchos temen que las réplicas políticas del desastre puedan ser casi tan desestabilizadoras como el propio terremoto.
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