La administración del presidente Donald Trump emitió este martes una de las medidas de restricción de inmigración más amplias hasta el momento, ordenando una pausa en todas las solicitudes de inmigración, incluyendo las peticiones de asilo pendientes, para nacionales de Cuba, Haití, Venezuela y otros 16 países considerados de «alto riesgo».
La directiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afecta desde solicitudes de tarjeta de residencia hasta permisos de trabajo para individuos con asilo pendiente. En el Sur de Florida, hogar de millones de inmigrantes de América Latina y el Caribe, la decisión tiene implicaciones profundas.
“Para nuestra comunidad del Sur de Florida, la inmigración legal ahora está en pausa debido a los países listados”, dijo Randolph McGrorty, director ejecutivo de Catholic Legal Services.
McGrorty destacó que tres de los 19 países representan algunas de las comunidades inmigrantes más grandes en la región. “Si eres un solicitante de asilo, y ya presentaste la solicitud, pero buscas trabajo, ese permiso de trabajo se pausará. Eso impactará a un trabajador legal que tendrá que esperar”, explicó.
La nueva política, reportada primero por el New York Times, extiende una serie de cambios anunciados la semana pasada tras un tiroteo atribuido a un nacional afgano. La medida ordena:
Los 19 países ya enfrentaban restricciones variadas. Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela estaban sujetos a prohibiciones parciales para visas de turismo, negocios y estudiantes desde junio. Nacionales de Afganistán, Birmania, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen enfrentaban suspensiones completas de visas.
Abogados y defensores de inmigración han expresado alarma. Maureen Porras, abogada de inmigración y concejal de Doral, señaló que esto añadirá más carga y demoras a un sistema ya colapsado, con 1.5 millones de solicitudes de asilo en espera.
“Si el objetivo es fortalecer la seguridad de EE.UU., deberíamos aplicar una revisión más expedita de todas las solicitudes de asilo y agilizar el proceso”, dijo Porras.
Ira Kurzban, abogado de Miami que desafía la decisión de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para haitianos, acusó a la administración de “animus racial”. “Esto es solo otro paso en sus esfuerzos para intentar ‘limpiar’ el país de refugiados negros y morenos”, afirmó.
Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, calificó la directiva como “una medida cruel y peligrosa”. “Para los venezolanos, implica un riesgo real de ser devueltos a un régimen que persigue y tortura”.
Paul Namphy, defensor de la comunidad haitiana, dijo: “Nos preocupan profundamente los esfuerzos para revertir los beneficios de inmigración asignados a nuestros miembros de la comunidad”.
Alberto Argüelles, quien dejó Maracaibo hace 11 años y ahora vive en Doral, expresó su terror renovado. “¿Las personas con asilo pendiente tienen que irse? ¿Serían consideradas ilegales? No me siento seguro en EE.UU. Estas decisiones están llenas de odio contra los migrantes hispanos”.
El DHS dijo que una lista de personas sujetas a revisión será «priorizada» en 90 días. La medida afecta a algunos de los más vulnerables, incluyendo niños, madres solteras, sobrevivientes de violencia doméstica o tortura.
La política de inmigración de Trump continúa generando debates intensos sobre seguridad nacional, derechos humanos y el futuro de millones de familias en Estados Unidos.
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