Diez días después de los devastadores terremotos que sacudieron el centro-norte de Venezuela, el país transita de las labores de rescate a la reconstrucción. Las autoridades reportan 2,954 muertos, 12,666 heridos y más de 15,050 personas sin vivienda permanente. Una evaluación preliminar respaldada por la ONU estima daños físicos directos por $37 mil millones.
Los sismos gemelos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrieron el 24 de junio con solo 39 segundos de diferencia, según el Ministerio de Comunicación. Hasta el momento se han rescatado 6,462 personas, mientras que 885 edificios resultaron afectados, de los cuales 189 colapsaron completamente. Equipos de 29,600 militares, policías y personal de emergencia trabajan junto a 3,305 rescatistas internacionales y más de 25,800 voluntarios registrados.
Aunque las operaciones de búsqueda continúan en La Guaira y otras zonas, las autoridades reconocen que las posibilidades de hallar más sobrevivientes son cada vez menores. Sin embargo, familias como la de Fabio, un niño de 9 años atrapado en un edificio de Caraballeda, aún esperan un milagro. Equipos de España, Portugal y Venezuela utilizan drones, cámaras térmicas y perros de búsqueda.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que aproximadamente 50,000 personas permanecen sin localizar, muchas de ellas aún bajo los escombros. Registros ciudadanos en línea acumulan más de 43,000 reportes de familiares que buscan a sus seres queridos, concentrados en La Guaira, Caracas y Miranda. Las fallas de comunicación y el desplazamiento masivo complican la reunificación familiar.
Un estudio preliminar encargado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) estima daños directos por $37 mil millones, equivalente al 3.4% de los activos físicos expuestos. De esa cifra, $24 mil millones corresponden a edificaciones residenciales, comerciales, industriales, educativas, de salud y gubernamentales, mientras que $13 mil millones afectan infraestructura: telecomunicaciones ($5 mil millones), energía ($3.1 mil millones), transporte ($2.1 mil millones), agua y saneamiento ($1.6 mil millones), petróleo y gas ($1 mil millones), y puertos y aeropuertos ($300 millones).
Los especialistas describen el evento como un «doblete sísmico»: el primer sismo de 7.2 en la falla de Boconó activó la falla de San Sebastián, generando el segundo de 7.5. Un evento similar tiene un período de retorno promedio de 180 años.
El gobierno venezolano ha comenzado a movilizarse hacia la recuperación a largo plazo. La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, informó que cuadrillas trabajan en la reparación de carreteras y puentes en La Guaira, especialmente en un puente en Caraballeda. El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) lanzó capacitaciones urgentes para inspectores de estructuras.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se reunió con el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, para revisar planes de asistencia humanitaria. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, confirmó diálogos con el Departamento de Estado de EE.UU. y el FMI para obtener recursos, y anunció un fondo inicial de $200 millones para reconstrucción.
Actualmente existen 59 campamentos temporales que albergan a familias desplazadas. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) calcula que 16,000 personas requieren refugio alternativo. La ayuda internacional sigue llegando: un avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya transportó las primeras 15 toneladas de un total de 60 toneladas de suministros médicos, leche en polvo y equipos de rescate. En España, se han recaudado más de $11 millones para las víctimas, y la cantante Rosalía donó a UNICEF para los niños afectados.
El Ministerio de Educación anunció que las clases se reanudarán el lunes en zonas no afectadas, mientras que en las regiones más golpeadas permanecerán suspendidas. Además, se incorporará la gestión de riesgo de desastres en el currículo escolar. El Comité Internacional de Rescate (IRC) advierte que hospitales y centros de salud operan bajo una gran presión, y los albergues están al límite de su capacidad. La OIM estima que hasta 6.76 millones de personas podrían haber sido afectadas en la región centro-norte del país.
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