A más de una semana del devastador terremoto que sacudió Venezuela, 2,295 personas han perdido la vida y 11,267 resultaron heridas, según el último balance del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Mientras los equipos de rescate internacionales siguen buscando sobrevivientes, han surgido graves denuncias sobre restricciones de acceso a ciertas zonas de La Guaira y presuntos operativos nocturnos para retirar escondites de oro, dólares y armas.
Más de 6,000 personas han sido rescatadas con vida de estructuras colapsadas, pero miles continúan desaparecidas. En todo el país, 855 edificios se derrumbaron por completo, incluyendo 158 en el estado La Guaira, epicentro de las acusaciones.
De acuerdo con fuentes familiarizadas con la situación, efectivos de la Guardia Nacional de Venezuela, acompañados por personal armado y trabajadores, ingresaron a zonas afectadas durante operativos nocturnos en los días posteriores al sismo para retirar lo que describieron como escondites ocultos. Un testigo reportó haber visto maletas y bolsas llenas de dólares estadounidenses, así como pesadas cajas de madera que requerían cuatro personas para cargarlas y que, según su testimonio, contenían oro. Aunque no se pudo confirmar el contenido, los videos proporcionados por el testigo apoyan esta versión.
Las mismas fuentes indicaron que las autoridades bloquearon el acceso a tramos de la costa afectada entre Camurí y Chirimena, incluyendo la zona de Toasana, impidiendo la entrada de civiles y, en algunos casos, de los propios equipos de rescate. “Creen que hay algo muy grave allí porque toda el área ha sido sellada”, afirmó una de las personas consultadas. Varias figuras vinculadas al oficialismo tendrían propiedades de lujo frente al mar en esa zona, algunas posiblemente utilizadas para salvaguardar activos ocultos.
Un helicóptero que transportaba alimentos y suministros médicos fue obligado a regresar a Caracas por controladores del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, pese a tener autorización de despegue. “El área está completamente prohibida. No se permite la entrada a nadie”, le informaron al piloto, según la fuente.
En una segunda entrevista, otra persona familiarizada con investigaciones de inteligencia pasadas sobre funcionarios venezolanos aseguró que las autoridades se centran en un conjunto de casi 190 edificios residenciales en La Guaira. Estos inmuebles habrían sido utilizados por redes vinculadas a colectivos afines al gobierno y figuras cercanas al chavismo para operar un sistema ilícito de manejo de efectivo. Según el testimonio, cada edificio contenía una o dos cajas fuertes con montos que oscilan entre $100,000 y más de $1 millón, dependiendo del volumen de transacciones. Al menos 5 de esas cajas ya habrían sido recuperadas de estructuras dañadas y trasladadas a lugares no revelados.
La misma fuente señaló que algunas zonas restringidas podrían albergar depósitos de drogas y compartimentos ocultos conectados con rutas de tráfico marítimo. Las operaciones más sensibles se realizan de noche, mientras que durante el día se mantiene vigilancia con drones y el personal militar despeja el área de civiles y rescatistas antes de que entren camiones.
Estas acusaciones se enmarcan en denuncias de larga data sobre la participación de la élite política y militar venezolana en el narcotráfico a gran escala, a través de la red conocida como el Cartel de los Soles. Aunque el expresidente Nicolás Maduro fue capturado en una operación respaldada por Estados Unidos a principios de año, varias personas previamente acusadas por Washington de vínculos con esa organización siguen siendo influyentes en el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez. Entre ellos, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ambos sancionados por EE.UU.
Varios equipos internacionales de rescate han manifestado públicamente que las autoridades venezolanas retrasaron u obstaculizaron su acceso a las zonas más afectadas. En una transmisión en vivo de Bowery Newsroom – Guarimba Digital, el rescatista mexicano Salomón Paniagua, miembro del equipo Topos, afirmó que sus perros marcaron tres lugares donde podría haber vida bajo los escombros de la Residencia Gradisca, pero no se les permitió iniciar la búsqueda. “Estamos preparados para trabajar las 24 horas hasta cumplir esta misión. Si nos dejan ayudar, ayudaremos”, declaró.
Días antes, Francisco Lermanda, líder de Topos Chile, también acusó a las autoridades de interferir, señalando que militares exigieron repetidamente identificación y documentación a su equipo mientras trabajaban.
El martes, la periodista venezolana Melissa Páez publicó un video en redes sociales donde se ve a miembros del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) retirando dinero de los escombros del edificio Vallarta, en Playa Grande. En las imágenes, Páez confronta a un oficial que carga una bolsa y le exige que la abra. El oficial se niega y luego varios billetes de $100 caen al suelo, mientras los transeúntes gritan que el dinero no era evidencia ni pertenecía a los funcionarios. Horas después, las autoridades anunciaron la detención y expulsión de cuatro agentes: Aguilar Reyes Maya, Fredy Rafael Lugo Oliveros, Roger Andrés Omaña y Josué Jhonatan Burgos Sánchez. El hecho alimentó la especulación sobre la presencia de grandes sumas de efectivo en algunas estructuras colapsadas.
El encargado de negocios de la Embajada de EE.UU. en Caracas, John Barrett, declaró el miércoles que la prioridad sigue siendo salvar vidas. Indicó que Estados Unidos ha desplegado más de 310 especialistas en búsqueda y rescate, incluidos equipos de la ciudad de Miami y el condado Miami-Dade, como parte de una respuesta internacional que suma aproximadamente 4,000 rescatistas extranjeros. Barrett afirmó que las organizaciones humanitarias no habían reportado grandes problemas para entregar suministros y que las autoridades venezolanas habían cumplido con las solicitudes para acelerar las operaciones de emergencia. Sin embargo, las denuncias de restricciones y ocultamiento de activos continúan generando controversia en medio de la tragedia.
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