El Secretario de Estado Marco Rubio testificó este martes en el juicio federal de Miami contra el ex congresista David Rivera que nunca habría hablado con su amigo sobre un plan para elecciones democráticas en Venezuela si hubiera sabido que Rivera había firmado un contrato de $50 millones con la subsidiaria estadounidense de la petrolera estatal de ese país.
Rubio, el ex senador republicano por Miami, declaró que no tenía idea de que Rivera había obtenido el lucrativo acuerdo con PDV USA cuando se reunió con él dos veces en 2017 para discutir un plan para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro y dar paso a un líder opositor. «Todo lo que puedo decir es que no estaba al tanto de ningún acuerdo», testificó Rubio.
El Secretario de Estado también afirmó que, aunque siempre consideró a Rivera un crítico acérrimo del comunismo y el socialismo, su opinión habría sido diferente si hubiera conocido el contrato con la compañía petrolera con sede en Houston, que Rubio consideraba bajo el control del gobierno venezolano y de Maduro.
Rivera, de 60 años, y la consultora política de Miami-Dade Esther Nuhfer, de 51, enfrentan cargos de conspirar contra el gobierno de EE.UU., actuar como agentes no registrados del gobierno venezolano y lavado de dinero, derivados del contrato de su empresa con PDV USA, que opera como CITGO en Estados Unidos.
Sus abogados defensores sostienen que PDV USA es una compañía de cartera con sede en Nueva York e incorporada en Delaware, por lo tanto no afiliada a la petrolera estatal PDVSA en Caracas. En consecuencia, argumentan que Rivera y Nuhfer no tenían que registrarse como agentes de Venezuela y no infringieron la ley.
Rubio detalló dos reuniones en Washington con Rivera y otros para discutir esfuerzos para sacar a Maduro del poder:
El testimonio reveló que, durante estos encuentros, Rubio y Rivera discutieron sanciones potenciales contra altos funcionarios venezolanos, incluido Maduro, a quien se referían como «el conductor del autobús». El 31 de julio de 2017, Rubio dio un discurso en la televisora de Gorrín, Globovisión, promoviendo una transición pacífica, el mismo día en que la administración Trump emitía la «primera ola» de sanciones contra Maduro y su gobierno.
Los abogados de Rivera y Nuhfer enfatizaron ante el jurado la larga amistad y las creencias políticas conservadoras compartidas con Rubio, argumentando que no intentaban «normalizar» relaciones con Maduro. Rubio confirmó que Rivera nunca dijo nada positivo sobre Maduro y que era conocido por su oposición al socialismo en Venezuela.
Sobre Nuhfer, Rubio testificó que la consideraba confiable, que actuaba de buena fe y que era una firme opositora al socialismo en Venezuela. También afirmó que ella no lo había lobbado ni estaba bajo el control del gobierno venezolano.
Los fiscales federales alegan que un alto funcionario venezolano cercano a Maduro arregló el contrato entre la firma consultora de Rivera, Interamerican, y PDV USA como una cobertura para compensar labores de cabildeo a favor de Venezuela. Acusan a los acusados de no registrarse deliberadamente como agentes extranjeros para poder presionar a funcionarios estadounidenses como Rubio sin su conocimiento.
La firma de Rivera recibió $20 millones de PDV USA antes de que el contrato terminara en 2017. De ese monto, unos $13 millones se dividieron entre tres asociados de Miami: Nuhfer (que recibió unos $4 millones), Gorrín y el desarrollador Hugo Perera.
Al final de su testimonio, cuando el fiscal federal Harold Schimkat le preguntó qué pensaría de la política de su amigo si supiera que había estado trabajando como lobista secreto para el régimen venezolano, la respuesta de Rubio fue contundente: «Habría sido impactante».
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