Asamblea Nacional recibe la renuncia y activa proceso de reemplazo
La Asamblea Nacional de Venezuela informó este miércoles que recibió la renuncia del fiscal general Tarek William Saab, lo que inicia el proceso para nombrar un reemplazo temporal para el controvertido prosecutor, acusado por críticos de convertir el sistema de justicia en una herramienta de represión política.

Procedimiento para cubrir la vacante
Durante una sesión regular, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, presentó el documento y explicó los próximos pasos. Dijo que los legisladores nombrarán a un funcionario interino para dirigir temporalmente la institución, ya que no hay un fiscal general adjunto disponible para asumir el rol.
Rodríguez añadió que este arreglo interino permanecerá mientras se activa un comité de nominaciones para evaluar las credenciales de candidatos para el puesto permanente.
Análisis político y posibles consecuencias
Analistas políticos y exfuncionarios indican que la salida de Saab podría allanar el camino para el nombramiento de un aliado de la presidenta interina Delcy Rodríguez para liderar la fiscalía, lo que potencialmente reconfiguraría el balance de poder dentro del aparato legal del gobierno.
El exfiscal venezolano Zair Mundaray, quien reside en el centro de Florida, señaló que a Saab se le pidió efectivamente que renunciara y que se espera que la Asamblea Nacional actúe rápidamente para nombrar un reemplazo. Según Mundaray, las tensiones por los debates sobre la recién aprobada ley de amnistía, que ha llevado a la liberación de presos políticos y opositores al régimen, contribuyeron a la salida de Saab.
Críticas al legado de Saab y al sistema de justicia
Mundaray ofreció una evaluación muy crítica del legado de Saab, alegando que la institución se usó para perseguir a opositores políticos y participar en prácticas irregulares. Dijo que futuras autoridades democráticas deberían investigar su gestión.
El profesor de derecho Miguel Ángel Martín, residente en Miami, también criticó el historial de Saab, diciendo que muchos venezolanos lo ven como parte del aparato represivo del gobierno y lo acusan de participación en persecución política. Martín afirmó que Saab ha sido nombrado en denuncias ante organizaciones internacionales, incluida la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Tarek William Saab ha sido considerado por muchos venezolanos un fiscal del terror”, dijo Martín. “Desde que se convirtió en fiscal general, ha sido parte de la maquinaria represiva del régimen”.
Informe de la ONU y contexto internacional
Observadores internacionales han expresado preocupación durante años sobre el papel del sistema de justicia venezolano en la crisis política del país. Una misión de investigación de la ONU dijo en un informe de 2021 que los tribunales de Venezuela se han utilizado como herramientas de represión para detener arbitrariamente a activistas y opositores políticos, mientras no investigan graves violaciones de derechos humanos.
La misión señaló que agencias de inteligencia persiguieron rutinariamente a adversarios políticos, falsificando evidencia para justificar arrestos y, en algunos casos, recurriendo a tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
Reconfiguración más amplia del poder
La renuncia de Saab se produce en lo que analistas describen como una reconfiguración más amplia de la estructura de poder en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, un evento que desencadenó un período de incertidumbre política y realineamiento interno dentro de la coalición gobernante.
Desde entonces, las autoridades han ido removiendo o marginando a varios funcionarios estrechamente asociados con el antiguo hombre fuerte, movimientos que, según observadores, reflejan un esfuerzo por consolidar el control y estabilizar el marco institucional del gobierno.
La salida de Saab marca uno de los cambios más significativos en el liderazgo legal de Venezuela en años y ocurre en medio de un escrutinio continuo del papel del sistema de justicia en la crisis política del país.