Sentencia histórica contra un capo del narcotráfico venezolano
Un juez federal en Manhattan impuso este martes una sentencia de cadena perpetua más 30 años adicionales de prisión al narcotraficante venezolano Carlos Orense Azocar, conocido como «El Gordo». Este caso representa una de las persecuciones judiciales más exhaustivas contra una figura vinculada a las oscuras redes de drogas de Venezuela y a la presunta corrupción en los más altos niveles del régimen de Caracas y su ejército.

Condena y cargos tras un juicio emblemático
Orense Azocar fue declarado culpable en diciembre de 2023 después de un juicio de dos semanas en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. El juez federal Vernon S. Broderick dictó la sentencia, hallándolo culpable de conspirar para importar masivas cantidades de cocaína a Estados Unidos y de múltiples delitos relacionados con armas.
Fiscales federales describieron a Orense como uno de los traficantes de cocaína más prolíficos jamás procesados en esa corte, responsable de mover cientos de toneladas de cocaína a través de una red internacional que se extendía desde Colombia y Venezuela hasta Centroamérica, el Caribe y, finalmente, Estados Unidos.
«Carlos Orense Azocar es uno de los traficantes de cocaína más prolíficos jamás sentenciados en este tribunal», afirmó el fiscal federal Jay Clayton.
El imperio criminal: rutas, ranchos y corrupción
La operación de Orense comenzó alrededor de 2003 y creció durante casi dos décadas. Utilizaba una sofisticada red de rutas aéreas y marítimas. En el corazón de su imperio estaban una serie de ranchos ganaderos (fincas) en el interior de Venezuela, equipados con pistas de aterrizaje clandestinas, tanques subterráneos para ocultar drogas y arsenales con cientos de armas.

Desde allí, la cocaína era enviada en aviones pequeños hacia Centroamérica y México, o en lanchas rápidas («go-fast») desde la costa venezolana hacia puntos en el Caribe. Los fiscales estimaron que Orense distribuía casi una tonelada de cocaína por semana, lo que equivale a hasta 40 toneladas anuales, generando decenas de millones de dólares en ganancias ilícitas.
La red de corrupción que protegía el negocio
Para sostener su operación, Orense dependía de la corrupción y la violencia. Pagó millones de dólares en sobornos a altos funcionarios venezolanos, incluidos generales militares, oficiales de la Guardia Nacional, comisionados policiales y figuras de agencias de inteligencia.
Estas conexiones le garantizaban acceso a armamento de grado militar, protección contra redadas, paso seguro para convoyes de drogas e incluso códigos de transpondedores de aviones fraudulentos para evadir el espacio aéreo venezolano.
Alianzas con guerrillas y seguridad armada
Orense también se asoció con grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para obtener cocaína y asegurar el tránsito en zonas fronterizas. Testigos declararon que miembros de las FARC custodiaban pistas de aterrizaje, algunos vestidos con uniformes del ejército venezolano.
Para protección personal, mantenía equipos de seguridad fuertemente armados, viajaba en vehículos blindados y utilizaba una mezcla de seguridad privada, policías corruptos y fuerzas militares. Entre el arsenal vinculado a su organización había rifles automáticos, ametralladoras y una ametralladora calibre .50 montada.

Testigo clave y lavado de dinero
Un testigo clave, identificado en los documentos judiciales como «CC-5», fue un miembro senior del equipo de seguridad de Orense que luego cooperó con las autoridades estadounidenses. Su testimonio detalló conversaciones sobre tráfico de drogas a gran escala con funcionarios venezolanos y otros traficantes.
Los cargos también incluyeron el lavado de dinero a través de una empresa con base en EE.UU. vinculada a una empresa estatal venezolana, identificada como «Compañía-2».
Captura, extradición y mensaje de las autoridades
Orense fue arrestado en Italia en mayo de 2021 y extraditado a Estados Unidos en junio de 2022. No testificó en el juicio, y su defensa cuestionó la credibilidad de los testigos cooperantes, argumentos que el jurado rechazó.
«Este caso subraya nuestra determinación de perseguir a poderosos traficantes internacionales sin importar sus conexiones políticas», declaró Terrance C. Cole, director de la DEA.
La sentencia cierra un capítulo significativo en la lucha contra el narcotráfico internacional y envía un mensaje contundente sobre la perseverancia de la justicia estadounidense.