La Corte Suprema de EE.UU. escuchó este miércoles argumentos en un caso que podría redefinir quién tiene derecho a la ciudadanía estadounidense. Los jueces evalúan el esfuerzo del presidente Donald Trump por poner fin a la ciudadanía por nacimiento para algunos niños nacidos en suelo estadounidense, una medida que los críticos advierten podría trastocar generaciones de derecho constitucional y protecciones de derechos civiles.
El caso, Trump v. Barbara, se centra en si el presidente puede reinterpretar la 14ª Enmienda para negar la ciudadanía a bebés nacidos en Estados Unidos de padres que no son ciudadanos ni residentes permanentes legales. De ser confirmada, la política marcaría uno de los cambios más radicales en la ley de inmigración moderna.
Ratificada en 1868, la 14ª Enmienda establece que
“todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos”.
Por más de un siglo, los tribunales han interpretado esta cláusula ampliamente, extendiendo la ciudadanía a los niños independientemente del estatus migratorio de sus padres.
El fiscal general John Sauer, argumentando para la administración Trump, sostuvo que la ciudadanía por nacimiento se ha aplicado erróneamente durante décadas y no debería extenderse a hijos de no ciudadanos sin lazos permanentes con el país. Afirmó que la frase “sujetas a su jurisdicción” excluye a quienes deben lealtad a otro país.
Sauer también señaló las consecuencias no deseadas de la interpretación actual, incluyendo lo que llamó “una vasta industria de turismo de parto”, donde mujeres embarazadas viajan a EE.UU. para dar a luz. Datos disponibles sugieren que esta práctica es relativamente limitada: entre 20,000 y 26,000 bebés nacían anualmente por este motivo en 2020, menos del 1% del total nacional.
Varios jueces mostraron escepticismo hacia los argumentos de la administración durante más de dos horas de audiencia. La jueza Elena Kagan cuestionó la interpretación gubernamental de la enmienda, diciendo que el texto no parece apoyar su posición. El presidente del tribunal, John Roberts, expresó dudas sobre los fundamentos legales del argumento gubernamental.
El juez Samuel Alito fue uno de los pocos en mostrar apoyo, argumentando que realidades modernas como la inmigración ilegal podrían justificar expandir las excepciones de la enmienda.
La directora legal de la ACLU, Cecillia Wang, representando a los demandantes, enmarcó el tema como una cuestión fundamental sobre el significado de la ciudadanía. Su argumento se basó en el precedente de United States v. Wong Kim Ark (1898), donde la Corte estableció que un hombre nacido en San Francisco de padres inmigrantes chinos era ciudadano estadounidense.
“Pregunte a cualquier estadounidense cuál es nuestra regla de ciudadanía, y le dirán: Todo el que nace aquí es ciudadano”, dijo Wang.
Ella argumentó que el principio de jus soli (ciudadanía por lugar de nacimiento) está consagrado en la Constitución, con excepciones limitadas a hijos de diplomáticos o aquellos nacidos bajo ocupación extranjera.
Líderes de derechos civiles advirtieron sobre las consecuencias de negar la ciudadanía por nacimiento. Marc Morial, presidente de la National Urban League, calificó cualquier esfuerzo por limitarla como “un asalto directo a los derechos civiles”. Cedric Haynes de la NAACP agregó que terminar con este derecho crearía confusión, discriminación y daño duradero.
Los tribunales inferiores han bloqueado consistentemente la orden de Trump, considerándola probablemente inconstitucional, y la política permanece suspendida a nivel nacional. Sin embargo, las apuestas son altas: cientos de miles de bebés cada año podrían ser negados de la ciudadanía, muchos en el sur de Florida, si se confirma la orden.
Los defensores señalan que el impacto se extendería más allá de la aplicación de inmigración, creando incertidumbre para hospitales, escuelas, empleadores y agencias gubernamentales. Implementar la política requeriría nuevos sistemas para verificar el estatus migratorio de los padres al nacer, un proceso que actualmente no existe.
Todd Schulte, presidente de FWD.us, llamó a la orden ejecutiva “un intento sin precedentes de reescribir la Constitución”. Advirtió que crearía caos para las familias, confusión para los empleadores y pondría los derechos de los niños nacidos en el país en debate.
Una decisión de la Corte Suprema se espera para principios del verano.
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