En un juicio federal en Miami, el testimonio del influyente cabildero republicano Brian Ballard ha arrojado luz sobre una compleja red de contratos y relaciones políticas que vinculan a figuras estadounidenses con el gobierno de Venezuela bajo Nicolás Maduro. Ballard declaró como testigo del gobierno en el caso contra el ex congresista de Miami-Dade David Rivera y la consultora política Esther Nuhfer.
Ballard, quien recaudó millones para la primera campaña presidencial de Donald Trump, detalló cómo su firma, Ballard Partners, registró un contrato de $50,000 mensuales en 2017 con el magnate televisivo venezolano Raul Gorrín para expandir su cadena Globovisión en Estados Unidos. Este acuerdo fue divulgado bajo la Ley de Divulgación de Lobby (LDA).
En marcado contraste, según los fiscales, ese mismo año David Rivera obtuvo un contrato de consultoría de $50 millones con PDV USA, la subsidiaria estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA, y lo mantuvo en secreto, sin registrarse como agente extranjero bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).
“Para mí, es como una señal de pare”, testificó Ballard sobre FARA. “Si ves una señal de pare, te detienes”.
El cabildero describió encuentros discretos en Miami y la República Dominicana con Rivera, Nuhfer y Gorrín. Su testimonio también reveló un intercambio de mensajes de texto en mayo de 2020, después de que Rivera fuera demandado por PDV USA. En un mensaje, Rivera implicó a Ballard en la trama, escribiendo: “¡Así que tú también eres parte de eso!!!”.
Ballard respondió de manera contundente: “No tengo nada que ver con esto, David. No intentes incluirme de ninguna manera. No me parece nada gracioso”. Después de este intercambio, Ballard testificó que bloqueó a Rivera en su teléfono.
El caso involucra a altas figuras políticas. Los acusados organizaron reuniones en julio de 2017 con el senador Marco Rubio para discutir la crisis en Venezuela. La semana pasada, Rubio, ahora secretario de Estado de Trump, testificó que desconocía el contrato de $50 millones de Rivera y que le habría “sorprendido”.
Ballard también testificó sobre el papel de Esther Nuhfer. Ella ayudó a su firma a conseguir como cliente al gobierno de la República Dominicana, registrado bajo FARA, y a Globovisión. Nuhfer recibía una comisión de referencia. Según Ballard, no era consciente de que Nuhfer también tuviera un contrato de consultoría de $3.75 millones con Globovisión junto a Rivera.
Los problemas para Rivera y Nuhfer comenzaron cuando ella los presentó a Hugo Perera, un ex narcotraficante reconvertido en desarrollador inmobiliario y vecino de Gorrín en Fisher Island. Gorrín luego ayudó a Rivera a conseguir el contrato con PDV USA. Rivera pagó a Perera unos $5 millones por las introducciones. Perera ahora coopera como testigo contra los acusados.
PDV USA pagó $20 millones a Rivera en 2017 antes de cortarle, alegando en una demanda que hizo poco trabajo. Por su parte, Rivera pagó alrededor de $4 millones a Nuhfer y una suma similar a Gorrín como parte de su contrato.
El abogado defensor de Rivera, Edward Shohat, solicitó un juicio nulo tras el testimonio de Ballard, pero la jueza federal Melissa Damian lo rechazó. El caso sigue su curso, con la expectativa de más testimonios, incluido el de Hugo Perera. Rivera y Nuhfer enfrentan cargos de conspiración contra el gobierno de EE.UU. y no registrarse como agentes extranjeros.
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