El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) criticó duramente este martes la decisión de una jueza federal que pausó el esfuerzo de la administración por poner fin a las protecciones contra la deportación para los haitianos, señalando que la disputa podría llegar pronto al tribunal más alto del país.
«Corte Suprema, aquí vamos«, dijo la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, en respuesta al fallo emitido el lunes por la noche por la jueza Ana C. Reyes de la Corte Distrital de EE.UU. en Washington, D.C.
Reyes ordenó una suspensión de la decisión de la administración de terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 300,000 haitianos que viven en Estados Unidos. La orden anula temporalmente el anuncio de la secretaria del DHS, Kristi Noem, de que Haití perdería su designación a las 11:59 p.m. del martes, lo que habría dejado a los beneficiarios sin autorización de trabajo y en riesgo de detención y deportación.
En un fallo contundente, emitido en una orden de dos páginas y una decisión acompañante de 83 páginas, Reyes determinó que la terminación de la designación del TPS para Haití estuvo motivada, al menos en parte, «por animosidad racial» y fue «no el producto de una toma de decisiones razonada, sino de un resultado predeterminado justificado por razones pretextuales«.
Los demandantes en el caso argumentaron que la decisión se tomó porque son negros, y aunque citaron numerosos comentarios del presidente Donald Trump, Reyes se centró particularmente en los comentarios de Noem. La secretaria del DHS ha descrito a los haitianos —y a personas de otros 18 países no blancos— como «sanguijuelas«, «adictos a los derechos» y «invasores extranjeros» que «agotan nuestros dólares de impuestos ganados con esfuerzo» y ha afirmado expresamente que «NO LOS QUEREMOS. NI UNO«.
Reyes señaló que una publicación en X de la secretaria donde recomendaba que Trump «prohibiera la entrada a EE.UU. de cualquier persona de Haití» ocurrió apenas tres días después de que tomara la decisión de terminación. Observó que «Noem ha terminado cada designación de país TPS que ha llegado a su escritorio—doce países arriba, doce países abajo«.
McLaughlin denunció tanto el fallo como la jueza. «Esto es activismo ilegal que será vindicado«, dijo en una publicación en X. «El TPS de Haití se concedió tras un terremoto que ocurrió hace más de 15 años, nunca tuvo la intención de ser un programa de amnistía de facto, pero así es como administraciones anteriores lo han usado durante décadas«.
«Temporal significa temporal«, continuó, «y la última palabra no será de una jueza activista legislando desde el banquillo«.
El TPS fue creado por el Congreso para países donde las condiciones son tales que sus nacionales no pueden regresar a casa de manera segura. La designación de Haití se dio después de un terremoto de magnitud 7.0 que casi destruyó Puerto Príncipe y dejó más de 300,000 muertos y 1.5 millones de personas sin hogar.
Desde entonces, las condiciones en Haití han seguido deteriorándose. El país no tiene presidente ni parlamento electos, y las pandillas criminales —designadas por la administración Trump como terroristas globales y extranjeros— controlan grandes extensiones de Puerto Príncipe y se expanden a otras áreas. La violencia, el desplazamiento masivo, la agresión sexual generalizada, el hambre y la desnutrición son rampantes.
Los defensores dicen que la orden judicial es una victoria para el estado de derecho sobre una terminación que fue «injustificada, ilegal y racista«.
«Este caso es peligroso precisamente porque el DHS sabía que su afirmación fáctica—de que era seguro regresar a Haití—era absurda, y ni siquiera intentó seguir el proceso de revisión requerido por el estatuto del TPS«, dijo Brian Concannon, director ejecutivo del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití. «La administración solo trató de intimidar a la corte para que sellara su política ilegal«.
Él y otros, sin embargo, son conscientes de que el DHS podría buscar alivio a través del calendario de emergencia de la Corte Suprema, como lo hizo en otros casos de TPS el año pasado, en lugar de la ruta normal de apelaciones. En casos anteriores, el tribunal superior ha permitido que la administración detenga y deporte a inmigrantes mientras los desafíos pasan por el sistema judicial.
«Seis jueces, nombrados por presidentes republicanos y demócratas, han fallado sobre los esfuerzos de la Administración Trump para terminar el TPS haitiano desde 2018 y los seis han encontrado que esos esfuerzos son ilegales«, dijo Blaine Bookey, directora legal del Centro para Estudios de Género y Refugiados. «Si el DHS ahora apela a una corte de apelaciones, perderá. Si el DHS usa el calendario sombra de la Corte Suprema para restablecer su acción indefendible, todos en Estados Unidos perderán el estado de derecho que sustenta nuestra estabilidad y prosperidad«.
William O’Neill, experto independiente de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Haití, acogió con beneplácito la decisión.
«Como he dicho antes, nadie debería ser forzado a regresar a Haití desde ningún país«, dijo. «La situación en Haití es catastrófica: secuestros, asesinatos y violaciones en grupo mientras la mitad de la población no tiene suficiente para comer. No hay posibilidad de un retorno seguro y digno en estas circunstancias«.
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