La posibilidad de que cubanos en el sur de Florida y otras partes del mundo puedan invertir y ser dueños de negocios en Cuba se topa con una realidad compleja. Expertos señalan que, más allá de las declaraciones oficiales, los obstáculos son formidables: sanciones del gobierno de EE.UU. y la masiva y lenta burocracia estatal cubana.
El 16 de marzo, el ministro cubano de Comercio Exterior y viceprimer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga, declaró que La Habana «permitiría a cubanos residentes en el extranjero invertir y poseer negocios en la isla», incluso en sectores como la infraestructura. Sin embargo, no especificó los términos ni los requisitos concretos.
El abogado Eloy Viera Cañive, consultor legal de El Toque, subraya el problema de fondo: «No hay un marco legal que ofrezca garantías a los inversores». En Cuba no existe un estado de derecho con tribunales independientes, las leyes cambian con frecuencia y la confiscación es una herramienta legal.
Laritza Diversent, directora de la organización legal Cubalex, advierte que la confiscación de propiedades está presente en el código legal cubano y se ha utilizado como «herramienta de control político y económico». Un empresario podría ver sus activos incautados bajo sospechas de tráfico de influencias, evasión fiscal o simplemente por fijar precios fuera de los establecidos por el estado.
Para proyectos de infraestructura o agrícolas, la barrera es mayúscula. El 80% de la tierra cultivable es propiedad del estado y la constitución cubana declara irreversible la propiedad estatal de la tierra. En áreas urbanas, el suelo es estatal, lo que limita el desarrollo.
Además, todos los bancos en Cuba son estatales, lo que da al gobierno control total sobre los flujos de capital. Desde noviembre, cientos de empresas extranjeras no pueden retirar fondos de sus cuentas cubanas.
Otro punto crítico: los cubanoamericanos que regresen a invertir deben hacerlo con pasaporte cubano, sin reconocimiento de otra ciudadanía, quedando sujetos a la ley local sin acceso a protección consular.
Mientras el ministro Pérez-Oliva hablaba de apertura, las tensiones políticas persistían. El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, calificó las medidas cubanas de «no lo suficientemente drásticas». Por su parte, el líder cubano Miguel Díaz-Canel respondió con tono beligerante a comentarios del entonces presidente Donald Trump.
Desde el lado estadounidense, cualquier inversión requiere autorización del Departamento del Tesoro y Comercio, bajo el embargo reforzado por la Ley Helms-Burton de 1996, que solo puede levantarse con un gobierno democrático en Cuba.
Eloy Viera Cañive lo resume claramente: «No es suficiente que un ministro diga que abren las puertas. Institucionalmente, nada ha cambiado». Hasta que no existan cambios profundos en las leyes e instituciones cubanas, la posibilidad de inversiones seguras por parte de cubanoamericanos sigue siendo, en el mejor de los casos, una invitación precaria y un espejismo lejano.
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