La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de permitir al gobierno del presidente Donald Trump terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití tras 16 años ha sumido a cientos de miles de personas en una angustia constante. Sin una fecha definitiva, muchos enfrentan la disyuntiva de regresar voluntariamente a un país devastado por la violencia de las pandillas, los secuestros y el colapso del sistema de salud, o permanecer bajo el riesgo de detención y deportación.
Entre ellos se encuentran dos amigas, Viki y Sandy, quienes pidieron ser identificadas solo por sus apodos debido a su vulnerable estatus migratorio. Ambas llegaron a Florida en 2021, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, y han construido sus vidas en EE.UU. con la esperanza de un futuro mejor. Ahora, ese futuro se desvanece.
Sandy, de 21 años y residente en Miami, está a punto de comenzar su último año de universidad con la meta de convertirse en cirujana cardiotorácica. “He estado en un constante estado de ‘no sé’”, confiesa. Viki, de 20 años, había sido aceptada en un programa acelerado de enfermería para convertirse en enfermera registrada, pero se retiró cuando su permiso de trabajo expiró. “Me dijeron: tu TPS ha terminado”, relata.
“Esto es muy estresante. ¿Podré ir a trabajar mañana?” — Sandy, estudiante de medicina con TPS.
La jueza de distrito Ana C. Reyes, en Washington D.C., había bloqueado la terminación del TPS, pero la Corte Suprema falló a favor del gobierno, argumentando que los jueces no tienen poder para revisar la decisión del secretario de Seguridad Nacional. La demanda por discriminación racial aún continúa. Mientras tanto, las fechas de expiración se han movido del 1 de julio al 10 y luego al 24 de julio, generando caos entre empleadores y trabajadores.
Guerline Jozef, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, señala que la ansiedad ha aumentado debido a la presencia de agentes de ICE y a la falta de directrices claras. “La gente tiene miedo, está confundida y traumatizada”, afirma.
Viki perdió su trabajo como asistente de salud en el hogar, y su empleador dejó de asignarle turnos. Sandy redujo sus clases a dos días por semana para limitar su exposición en la calle. Ambas temen ser detenidas por ICE. La administración Trump ha advertido que aumentará los vuelos de deportación a dos aviones semanales con unos 250 haitianos.
Las madres de ambas también dependen del TPS. Sandy, cuya madre es cajera y auxiliar de enfermería, no sabe cómo podrán sostenerse. Viki, que toma medicación para la ansiedad, dice que ha llorado durante meses. “Este año me siento tan perdida que es como si te rindieras”, confiesa.
Algunas familias han iniciado peticiones de residencia, pero enfrentan demoras y malos consejos legales. Viki explora la posibilidad de obtener una green card bajo la Ley de Violencia contra la Mujer, debido al abuso que sufrió su madre. Sandy contrató un abogado tras un mal asesoramiento. Los activistas instan a los haitianos a reunir documentos, identificar cuidadores de confianza y buscar asesoría legal.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste. “¿Qué voy a hacer si no puedo salir de mi casa?”, se pregunta Sandy. La comunidad espera que los tribunales definan un camino, pero el tiempo se agota.
Para más información, consulte a organizaciones como Haitian Bridge Alliance o un abogado de inmigración acreditado.
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