Este jueves 11 de diciembre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una nueva batería de sanciones diseñadas para aumentar la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Las medidas apuntan directamente a tres sobrinos de la primera dama Cilia Flores, socios comerciales extranjeros y una red de compañías navieras acusadas de mover petróleo venezolano sancionado mediante rutas marítimas encubiertas.
El núcleo de las sanciones recae sobre la familia extendida de Maduro. Los primos Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, conocidos como los «narco-sobrinos», fueron designados. Ambos fueron arrestados en 2015 en Haití por un plan para contrabandear cocaína a EE.UU., condenados en Nueva York en 2016 y liberados en 2022 tras un indulto de Joe Biden en un intercambio de prisioneros. El Tesoro afirma que, desde su regreso a Venezuela, han reanudado actividades de narcotráfico.
El tercer sancionado es Carlos Erik Malpica Flores, ex tesorero nacional y ex ejecutivo de PDVSA, quien fue redesignado después de que la administración Biden lo retirara de la lista en 2022 en un intento fallido por incentivar diálogos políticos.
«El Tesoro responsabiliza al régimen y a su círculo de compinches y compañías por sus continuados crímenes», declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
La parte más extensa de las medidas apunta a compañías navieras con sede en las Islas Marshall, las Islas Vírgenes Británicas, el Reino Unido y las Islas Cook. El Tesoro acusa a estas firmas de utilizar seis buques tanque —White Crane, Kiara M, H. Constance, Lattafa, Tamia y Monique— para mover crudo venezolano durante 2025 empleando tácticas engañosas como apagar sistemas de rastreo, falsificar datos de ubicación y usar técnicas de navegación «oscuras».
Estas sanciones marcan un giro abrupto respecto a la decisión de 2022 de la administración Biden de relajar algunas restricciones para incentivar elecciones libres en Venezuela, un esfuerzo que ahora califican de fracasado.
La acción del Tesoro llega un día después de que fuerzas estadounidenses incautaran un buque tanque frente a la costa de Venezuela. Esta es la última escalada en una campaña más amplia de presión militar y policial sobre el régimen de Maduro.
Washington ha desplegado lo que analistas describen como la mayor presencia militar estadounidense en el Caribe en décadas, como parte de una operación contra carteles de droga latinoamericanos. El Pentágono ha desplegado activos adicionales, incluido el portaaviones USS Gerald R. Ford y varios destructores.
El expresidente Donald Trump ha defendido los ataques, declarando que EE.UU. está en un «conflicto armado» con los carteles que operan cerca de aguas venezolanas, advirtiendo que los días de Maduro «están contados».
Bajo estas sanciones, toda propiedad de los individuos, compañías y buques designados que se encuentre bajo jurisdicción estadounidense debe ser congelada y reportada. Las personas estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con los sancionados, y las entidades extranjeras que faciliten transacciones a sabiendas podrían enfrentar sanciones secundarias.
El Tesoro reiteró que las violaciones a las sanciones conllevan responsabilidad civil y penal, y que la aplicación puede darse bajo bases de responsabilidad estricta, instando a bancos, comerciantes y aseguradores a revisar su exposición.
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