Este miércoles 29 de abril de 2026, la Corte Suprema de los Estados Unidos escucha argumentos orales en un caso que podría determinar el futuro de cientos de miles de inmigrantes haitianos y sirios, así como de más de un millón de personas de otros países que actualmente viven bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).
El tribunal debe decidir si la administración Trump puede poner fin al TPS para más de 350,000 haitianos y 6,000 sirios. Si la Corte acepta el argumento del gobierno de que las decisiones sobre el TPS no pueden ser revisadas por tribunales federales, el Departamento de Seguridad Nacional podría proceder a cancelar las protecciones, dejando a estos inmigrantes vulnerables a la detención y deportación.
En octubre, el Tribunal permitió que terminara el TPS para Venezuela mientras continúa el litigio, aunque un tribunal de apelaciones consideró ilegal esa acción. El caso consolidado de Haití y Siria podría sentar un precedente para 1.3 millones de titulares de TPS de una docena de países.
Creado por el Congreso en 1990, el TPS protege a inmigrantes de países en crisis —guerras, desastres naturales— que ya están en EE.UU. Haití recibió el estatus tras el terremoto de 2010, y se ha renovado debido a la violencia extrema de pandillas, el terremoto de 2021 y el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Al 31 de marzo de 2025, se estimaban 1.3 millones de titulares, incluyendo venezolanos, ucranianos, somalíes, salvadoreños y sursudaneses.
Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, su administración ha buscado cancelar las designaciones de TPS. En febrero de 2025, el DHS emitió un aviso para terminar parcialmente el TPS de Haití, argumentando que no había condiciones extraordinarias que impidieran el regreso, a pesar de la violencia generalizada y la inestabilidad política.
La Asociación Evangélica del Clero Haitiano y varias personas demandaron al gobierno. En la Corte de Nueva York, un juez restableció seis meses de TPS. En Washington D.C., la jueza Ana Reyes falló a favor de mantener las protecciones mientras continúa el litigio, y señaló prejuicio en declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La jueza incluso recibió amenazas de muerte por su fallo.
La administración apeló y, tras perder en los tribunales de apelación, solicitó a la Corte Suprema que interviniera. El procurador general John D. Sauer argumentó que los tribunales inferiores se estaban extralimitando y que las reclamaciones de los demandantes sobre “animadversión racial” eran infundadas.
Por su parte, Geoffrey Pipoly, abogado principal de los demandantes, afirmó: “Los motivos reales del gobierno para terminar el TPS son que al presidente Trump no le gustan los haitianos y otros inmigrantes no blancos. Ni la Constitución ni la ley permiten eso”.
Si la Corte Suprema falla a favor del gobierno, no solo los haitianos y sirios perderían sus protecciones, sino que se abriría la puerta para cancelar el TPS de otros países sin revisión judicial. Los expertos advierten que sería extremadamente difícil para estas personas encontrar otra vía legal para quedarse, debido a las restricciones de visa y las prohibiciones de viaje impuestas por la administración.
En el sur de Florida, el corazón de la comunidad haitiana en EE.UU., el caso es especialmente urgente. El domingo pasado, la organización Family Action Network Movement realizó una concentración en North Miami para pedir la extensión del TPS para Haití.
Durante la audiencia de una hora, se espera que los jueces cuestionen a ambas partes sobre la revisión judicial, las protecciones de igualdad y las acusaciones de animadversión racial. Si la Corte Suprema confirma las decisiones de los tribunales inferiores, los haitianos y sirios mantendrán su TPS. Si rechaza la revisión judicial, las protecciones terminarán y los beneficiarios deberán abandonar el país o enfrentar la deportación.
“Si el gobierno argumenta que los tribunales federales no tienen ningún papel y la Corte acepta ese argumento, efectivamente permitirá la terminación del TPS no solo para 350,000 haitianos, sino para alrededor de 1.3 millones de inmigrantes en todo el país”, advierte Pipoly.
La decisión, que se espera en las próximas semanas, marcará un hito en la política migratoria de EE.UU. y definirá el destino de familias enteras que han construido su vida en el país durante años.
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