Un esfuerzo de alto nivel para liberar a 11 ciudadanos estadounidenses y decenas de presos políticos venezolanos fracasó debido a conflictos internos en la administración Trump, según revelaciones. Dos funcionarios clave persiguieron negociaciones contradictorias con el régimen de Nicolás Maduro.
El secretario de Estado Marco Rubio lideraba conversaciones avanzadas para intercambiar 250 migrantes venezolanos detenidos en El Salvador por los estadounidenses y 80 presos políticos. Para mayo, ya se habían programado vuelos y finalizado logística.
El enviado especial Richard Grenell lanzó negociaciones separadas ofreciendo levantar sanciones petroleras a cambio de los detenidos. Su plan incluía renovar la licencia de Chevron en Venezuela, proporcionando alivio económico al régimen de Maduro.
«Las autoridades venezolanas no sabían qué enviado representaba realmente a Trump», destacaron fuentes, comparando el caos con disputas del primer mandato presidencial.
En marzo, la administración Trump revocó la licencia de Chevron, ordenando el cese de operaciones para finales de mayo. La activista conservadora Laura Loomer presionó públicamente por levantar sanciones, argumentando que Venezuela posee 300 mil millones de barriles de reservas petroleras.
«¿Por qué querríamos que China se beneficiara de estos recursos en lugar de EE.UU.? Es una locura», declaró Loomer en redes sociales.
La producción petrolera venezolana ha caído de 3.2 millones de barriles diarios (años 90) a apenas 400,000 en 2020, siendo empresas extranjeras como Chevron un salvavidas económico para Maduro.
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