Brasil y México han montado una resistencia pública cada vez más firme a la creciente campaña del gobierno de Donald Trump contra el crimen organizado en América Latina. Las administraciones de ambos países advierten que las últimas acciones de Washington corren el riesgo de pasar de una política antinarcóticos a una injerencia en asuntos internos y soberanía nacional.
El empuje diplomático se intensificó esta semana, mientras funcionarios en Brasilia y Ciudad de México acusan a Washington de adoptar herramientas legales y políticas cada vez más agresivas que, según temen, podrían justificar una mayor participación estadounidense en sus asuntos internos de seguridad.
La presidenta Claudia Sheinbaum pronunció uno de los reproches más duros hasta la fecha. “Estas no son preguntas retóricas: México no es la piñata de nadie”, declaró durante un discurso transmitido a nivel nacional el domingo ante miles de personas en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México.
Sheinbaum enmarcó la disputa como parte de una lucha más amplia por la soberanía. “¿Quién decide en México: las agencias extranjeras o el pueblo?”, preguntó. “¿Quién decide en México: los grandes intereses económicos o el pueblo?”.
Las tensiones se dispararon después de un accidente automovilístico el 19 de abril en Chihuahua, que reveló que dos estadounidenses muertos eran agentes activos de la CIA que realizaban actividades de seguridad sin autorización del gobierno mexicano. El incidente provocó una investigación sobre operaciones no autorizadas de EE.UU. en territorio mexicano.
La disputa se profundizó cuando Washington respondió con solicitudes de extradición contra 10 mexicanos, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, miembro del partido gobernante Morena. Sheinbaum defendió a Rocha y acusó a Washington de usar acusaciones penales como presión política.
En un llamado a la defensa de la independencia nacional, Sheinbaum declaró: “Vamos a defender la soberanía y la independencia de México. La patria no se vende, la patria se ama y se defiende”. También cuestionó los motivos de Washington: “¿Es este un interés legítimo y genuino en ayudar a México? ¿O estamos viendo a sectores de la extrema derecha de EE.UU. usando nuestro país para posicionarse de cara a sus elecciones de 2026?”.
La fricción se intensificó después de que el secretario de Estado Marco Rubio anunció el 28 de mayo que Washington designará a las dos mayores organizaciones criminales de Brasil —el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho— como terroristas globales especialmente designados. El estatus formal de Organización Terrorista Extranjera (FTO) entraría en vigor el 5 de junio.
La medida coloca a las bandas brasileñas en la misma categoría legal que grupos como Hamás y Hezbolá, y amplía la campaña regional del gobierno de Trump contra las organizaciones de narcotráfico. Washington justificó las designaciones citando las operaciones internacionales en expansión de las bandas y lo que Rubio describió como “ataques brutales” contra funcionarios y civiles.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondió con dureza. “No aceptaremos que nos traten como niños; no aceptaremos que nos traten como si fuéramos una república bananera”, dijo Lula en una aparición pública criticando el anuncio. Según Reuters, Lula se refirió a “un tal Marco Rubio” que “dijo que nuestros criminales son terroristas y que los estadounidenses pueden intervenir”.
Las objeciones de Brasil se basan tanto en la doctrina legal como en el cálculo político. Funcionarios en Brasilia argumentan que ambas bandas son empresas criminales con fines de lucro enfocadas en narcotráfico, extorsión y contrabando de armas, no organizaciones terroristas ideológicas o políticas. Aplicar designaciones de terrorismo a sindicatos criminales, dicen, contradice las definiciones legales nacionales y corre el riesgo de difuminar distinciones clave en el derecho antiterrorista internacional.
El gobierno de Lula teme que el estatus de FTO pueda crear bases legales para futuras acciones unilaterales de EE.UU. —ya sea sanciones financieras, operaciones de inteligencia o, en un escenario extremo, intervención militar— ansiedades agudizadas por la postura regional cada vez más musculosa de Washington tras la captura del dirigente venezolano Nicolás Maduro este año.
También preocupa el impacto económico. Dado que las redes del PCC se han infiltrado en partes de la economía legal —incluyendo distribución de combustible, agronegocios y operaciones fintech— la designación podría exponer a bancos y multinacionales que operan en Brasil a responsabilidad penal si proporcionan sin saberlo lo que la ley de EE.UU. define como apoyo material a entidades designadas.
La controversia ha escalado rápidamente hacia la carrera presidencial brasileña de octubre. Días antes del anuncio de Rubio, el senador conservador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se reunió en privado con el presidente Donald Trump y abogó por una mayor presión de EE.UU. contra las redes criminales brasileñas, incluyendo la designación terrorista.
Lula, que busca la reelección, acusó a los aliados de Bolsonaro de solicitar interferencia extranjera para obtener beneficios políticos internos. “Traicionar nuestra patria e ir a EE.UU. a pedir intervención en Brasil”, dijo Lula, calificando la decisión de Washington como “decepcionante”. Insistió en que su gobierno continuará combatiendo el crimen organizado a través de las instituciones brasileñas, no mediante presiones externas.
Mientras tanto, la confrontación de México con Washington se ha desarrollado de manera diferente pero refleja ansiedades similares sobre la soberanía y el papel de las potencias extranjeras en la región.
“La patria no se vende, la patria se ama y se defiende.” — Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Ambos países continuran presionando diplomáticamente para que Estados Unidos reconsidere su estrategia, mientras la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de este pulso por la soberanía latinoamericana.
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