La empresa de inteligencia artificial Anthropic presentó este viernes por la tarde dos declaraciones juradas ante un tribunal federal de California, rechazando enérgicamente la afirmación del Departamento de Defensa de que representa un «riesgo inaceptable para la seguridad nacional». La compañía argumenta que el caso del gobierno se basa en malentendidos técnicos y afirmaciones que nunca se plantearon durante los meses de negociaciones previas al conflicto.
Estas declaraciones se presentaron junto con el escrito de réplica de Anthropic en su demanda contra el Departamento de Defensa, y anteceden a una audiencia programada para el martes 24 de marzo ante la jueza Rita Lin en San Francisco.
La disputa se remonta a finales de febrero, cuando el entonces presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunciaron públicamente que cortaban lazos con Anthropic después de que la empresa se negara a permitir el uso militar sin restricciones de su tecnología de IA.
Los dos altos ejecutivos que presentaron las declaraciones juradas son Sarah Heck, Jefa de Política de Anthropic, y Thiyagu Ramasamy, Jefe del Sector Público de la compañía.
Heck, una exfuncionaria del Consejo de Seguridad Nacional que trabajó en la Casa Blanca durante la administración Obama, estuvo presente en la reunión del 24 de febrero donde el CEO Dario Amodei se reunió con el secretario Hegseth y el subsecretario del Pentágono, Emil Michael.
En su declaración, Heck señala lo que describe como una falsedad central en los documentos del gobierno: que Anthropic exigió algún tipo de «rol de aprobación» sobre las operaciones militares. «En ningún momento durante las negociaciones de Anthropic con el Departamento, yo ni ningún otro empleado de Anthropic afirmamos que la empresa quería ese tipo de rol», escribió.
También señala que la preocupación del Pentágono sobre que Anthropic pudiera desactivar o alterar su tecnología en medio de una operación «nunca se planteó durante las negociaciones». En cambio, apareció por primera vez en los documentos judiciales del gobierno, lo que no dio a Anthropic oportunidad de responder.
Un detalle crucial en la declaración de Heck es que el 4 de marzo —el día después de que el Pentágono finalizara formalmente su designación de riesgo en la cadena de suministro contra Anthropic— el subsecretario Emil Michael le envió un correo electrónico a Amodei diciendo que las dos partes estaban «muy cerca» en los dos temas que el gobierno ahora cita como evidencia de que Anthropic es una amenaza: sus posturas sobre armas autónomas y la vigilancia masiva de estadounidenses.
Este correo electrónico, que Heck adjunta como prueba, contrasta con las declaraciones públicas posteriores de Michael, quien negó que hubiera negociaciones activas.
Ramasamy, quien antes de unirse a Anthropic en 2025 pasó seis años en Amazon Web Services gestionando implementaciones de IA para clientes gubernamentales, aborda la afirmación del gobierno de que Anthropic podría teóricamente interferir con operaciones militares.
En su declaración, explica que una vez que Claude (el modelo de IA de Anthropic) se despliega dentro de un sistema «air-gapped» (aislado) y seguro del gobierno, operado por un contratista externo, Anthropic no tiene acceso a él. No hay un interruptor de apagado remoto, ni una puerta trasera, ni un mecanismo para impulsar actualizaciones no autorizadas. Cualquier tipo de «veto operacional» es una ficción, sugiere.
Ramasamy también refuta la afirmación del gobierno de que la contratación de extranjeros por parte de Anthropic convierte a la empresa en un riesgo de seguridad. Señala que los empleados de Anthropic han pasado por los procesos de verificación de autorización de seguridad del gobierno de EE.UU., el mismo requerido para acceder a información clasificada.
La demanda de Anthropic argumenta que la designación de riesgo en la cadena de suministro —la primera aplicada a una empresa estadounidense— equivale a una represalia gubernamental por las opiniones públicamente declaradas de la empresa sobre la seguridad de la IA, en violación de la Primera Enmienda.
El gobierno, en un documento de 40 páginas presentado esta semana, rechazó por completo ese marco, diciendo que la negativa de Anthropic a permitir todos los usos militares legales de su tecnología fue una «decisión comercial, no un discurso protegido», y que la designación fue una decisión de seguridad nacional directa y no un castigo por las opiniones de la empresa.
La audiencia del martes 24 de marzo en San Francisco marcará el próximo capítulo en este enfrentamiento de alto perfil que cuestiona los límites éticos, operativos y constitucionales del uso de la inteligencia artificial en la defensa nacional.
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