Dos madres que han agonizado durante años por el asesinato sin resolver de sus hijos adolescentes en Liberty City en 2009 presentaron una demanda contra el Departamento de Policía de Miami por no informarles que el asesino había confesado en secreto y obtenido inmunidad ante el procesamiento.
Lasonja “Sonja” Mills y Tangela Johnson interpusieron la demanda por retención ilegal de registros públicos, retención de mala fe, tarifas irrazonables y violación de sus derechos como víctimas de crímenes bajo la Ley Marsy. Buscan obtener nueve cajas de material del caso para entender por qué los detectives y fiscales estatales hicieron el trato.
La noche del 23 de enero de 2009, William “Little Bill” Brown y otro joven —que ya falleció— dispararon contra una multitud de adolescentes en Liberty City, matando a Derrick Lamont Gloster Jr., de 18 años, y a Brandon Rashad Mills, de 16. Siete jóvenes más resultaron heridos.
Las madres se enteraron en 2024 que a Brown se le había concedido un pase libre para múltiples tiroteos, incluido el de sus hijos. Brown recibió una sentencia de 25 años por dos asesinatos diferentes y ningún tiempo por las otras muertes que confesó. Según sus admisiones, Brown estuvo involucrado en los disparos de 15 personas, seis de ellas fatales.
“Nos trataron como si nuestros hijos fueran los tiradores”, dijo Mills, la madre de Brandon. “Y durante muchos años, desde que nuestros hijos se fueron, tratan a nuestras familias como si fuéramos criminales. Y el verdadero tirador durante 17 años ha sido tratado como un rey.”
El departamento de policía se niega a liberar el archivo del caso a menos que paguen $1,831, y ni siquiera así ofrecen todos los registros. Alegan que el caso sigue abierto y que no pueden revelar “detalles específicos de la investigación”.
En la demanda, las madres argumentan que no hay posibilidad de procesamiento, por lo que los materiales deben ser liberados. Bajo la Ley Marsy, que entró en vigor hace siete años en Florida, tienen derecho a ser informadas sobre el caso. Aunque la ley no existía cuando se hizo el trato, la “ocultación continua de estos hechos” viola sus derechos.
El fiscal Michael Von Zamft de la Oficina del Fiscal del Estado de Miami-Dade tuvo una relación poco ortodoxa con Brown, lo que llevó a la liberación de un recluso y a la eliminación de la pena de muerte para otro. Von Zamft, quien se retiró y se mudó fuera del estado, sigue bajo investigación por el Colegio de Abogados de Florida.
Mientras Mills y Johnson estaban en la oscuridad, Von Zamft ayudó a reubicar a la madre del asesino bajo el programa de protección de testigos, y la policía pagó su renta, según registros.
Johnson, la madre de Derrick, dijo que buscan “claridad y responsabilidad”. “Tenemos preocupaciones de que la investigación pudo haber sido incompleta, sesgada o manejada inapropiadamente”, afirmó.
La demanda sostiene que “el verdadero propósito de retener los registros es ocultar mala conducta procesal y el trato secreto de inmunidad que permitió a un asesino confeso en masa caminar libre, no proteger una investigación en curso”.
El caso sigue en litigio, y las madres esperan que la transparencia lleve a una mejor comprensión de las decisiones que afectaron la justicia para sus hijos.
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