La Legislatura de Florida ha dado un paso decisivo al aprobar un proyecto de ley que impondría cadena perpetua obligatoria sin libertad condicional para cualquier persona condenada por homicidio involuntario (manslaughter) de un agente del orden. La medida, conocida como la Ley Officer Jason Raynor, ha sido aprobada por el Senado con un voto de 31 a 4 a fines de enero y por la Cámara de Representantes con 103 a 8. Ahora solo espera la firma del gobernador Ron DeSantis para convertirse en ley.
El origen de esta legislación se remonta a junio de 2021. El oficial de Daytona Beach Jason Raynor se acercó a Othal Wallace en el estacionamiento del complejo de apartamentos de la novia de este. Tras un breve intercambio y una pelea, Raynor cayó al suelo y Wallace huyó a Georgia, donde fue capturado escondido en una casa-árbol.
Wallace fue acusado inicialmente de asesinato en primer grado de un oficial de policía con un arma de fuego. Sin embargo, el jurado lo encontró culpable del cargo menor de homicidio involuntario. Fue sentenciado a 30 años de prisión, de los cuales cumplirá 27.
El proyecto es patrocinado en el Senado por Tom Leek (R-St. Augustine) y en la Cámara por Jessica Baker (R-Jacksonville). Esta es la tercera vez que se propone esta legislación.
Entre sus disposiciones más polémicas se encuentra la eliminación de un lenguaje clave en la ley de Florida que especifica que un oficial no está justificado en usar la fuerza durante un arresto si este es ilegal.
«¿Qué mensaje le estamos enviando a las fuerzas del orden al eliminar esta disposición que dice que no están justificados en el uso de la fuerza si saben que lo que están haciendo es ilegal?», cuestionó el senador Carlos Guillermo Smith (D-Orlando), quien votó en contra del proyecto.
La representante Baker aclaró que la sentencia de cadena perpetua no se aplicaría a casos donde un conductor imprudente o ebrio cause la muerte accidental de un oficial.
Los opositores argumentan que el proyecto elimina la discreción de los jueces. «Cadena perpetua por un accidente, incluso uno por el que una persona es criminalmente responsable de causar, es extremo», afirmó el senador Smith.
Smith citó el caso de Virgilio Aguilar Mendez en el condado de St. Johns. Mendez, de 19 años, fue acusado y detenido durante dos años por homicidio involuntario de un oficial porque el agente que lo arrestó sufrió un infarto y murió poco después. Los cargos finalmente fueron retirados, pero de haber sido condenado bajo este proyecto de ley, habría enfrentado cadena perpetua.
Tim Pribisco, abogado de Wallace en el caso de 2021, describió la situación como «la tragedia definitiva». Señaló que el proyecto de ley socava la confianza pública en comunidades que ya tienen interacciones tensas con la policía.
Por su parte, la representante Baker defendió la medida, afirmando que reafirma que «cualquier preocupación sobre una parada, arresto o detención debe abordarse en un tribunal, no mediante violencia en la calle».
El senador Shevrin Jones (D-Miami Gardens), quien había expresado preocupaciones en audiencias anteriores, votó a favor este año, pero admitió que es casi seguro que el Senado tendrá que volver a legislar debido a ambigüedades en el texto.
La ley actual ya contempla sentencias severas por la muerte de un oficial. Una ley de 2002, creada por el oficial Scott Baird de Gainesville, duplica la sentencia usual por homicidio involuntario de 15 a 30 años si la víctima es un agente del orden.
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