La administración del gobernador Ron DeSantis planea desafiar una orden judicial federal que podría cerrar las operaciones del campamento de detención de inmigrantes en los Everglades, conocido como Alligator Alcatraz, dentro de los próximos 60 días.
La jueza federal Kathleen Williams ordenó al estado detener la admisión de detainees inmigrantes y retirar generadores, gas, alcantarillado, iluminación y cercas en un plazo de nueve semanas. Hasta el jueves, había casi 400 detainees en el sitio.
La demanda fue presentada por ambientalistas y la Tribu Miccosukee, debido a riesgos para el ecosistema de los Everglades, incluyendo especies en peligro como la pantera de Florida.
En una conferencia de prensa el viernes, DeSantis calificó a la jueza de activista y afirmó:
«Esto no nos va a detener»
. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, apoyó esta postura, criticando la decisión.
DeSantis anunció un segundo sitio de detención en la Institución Correccional Baker, apodado deportation depot, con capacidad para hasta 2,000 detainees. El estado ya presentó una intención de apelar la ruling al Circuito Once.
Mientras tanto, el alcalde del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, expresó preocupación por el posible legado ambiental y legal si el sitio es cerrado.
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