El presidente Donald Trump firmó el jueves por la tarde una orden ejecutiva que dirige a las agencias federales a desafiar las leyes estatales sobre inteligencia artificial, argumentando que las startups necesitan alivio de un «parche» de reglas.
La orden, titulada «Asegurando un Marco de Política Nacional para la Inteligencia Artificial», contiene instrucciones específicas con plazos ajustados:
Esta evaluación podría afectar la elegibilidad de los estados para fondos federales, incluidas subvenciones de banda ancha.
Expertos legales y representantes de startups advierten que la orden podría prolongar la incertidumbre, desatando batallas judiciales que dejarían a las empresas jóvenes navegando requisitos estatales cambiantes.
Michael Kleinman, jefe de Política de EE. UU. en el Future of Life Institute, calificó la medida como «un regalo para los oligarcas de Silicon Valley que están usando su influencia en Washington para protegerse a sí mismos y a sus empresas de la responsabilidad». La orden ha sido asociada con David Sacks, zar de política de IA y cripto de Trump.
Sean Fitzpatrick, CEO de LexisNexis North America, U.K., e Irlanda, señaló que los estados defenderán su autoridad de protección al consumidor en los tribunales, con casos que probablemente escalen a la Corte Suprema.
Mientras los partidarios argumentan que centralizar el debate en Washington reduce la incertidumbre, los críticos señalan que las batallas legales crearán vientos en contra inmediatos.
Hart Brown, autor principal de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre IA del gobernador de Oklahoma, explicó: «Debido a que las startups priorizan la innovación, normalmente no tienen… programas robustos de gobierno regulatorio hasta que alcanzan una escala que requiere un programa. Estos programas pueden ser costosos y consumir mucho tiempo».
Arul Nigam, cofundador de Circuit Breaker Labs, expresó su inquietud: «Hay incertidumbre en términos de, ¿tienen [las empresas] que autorregularse? ¿Hay estándares de código abierto a los que deben adherirse? ¿Deberían continuar construyendo?»
Andrew Gamino-Cheong, CTO y cofundador de Trustible, afirmó que la orden ejecutiva resultará contraproducente: «Las grandes tecnológicas y las grandes startups de IA tienen los fondos para contratar abogados… La incertidumbre sí perjudica más a las startups, especialmente aquellas que no pueden obtener miles de millones de financiamiento casi a voluntad».
Añadió que la ambigüedad legal dificulta vender a clientes sensibles al riesgo, aumentando los ciclos de ventas y los costos. «Incluso la percepción de que la IA no está regulada reducirá la confianza en la IA», dijo.
Gary Kibel, socio de Davis + Gilbert, advirtió que una orden ejecutiva no es el vehículo adecuado para anular leyes estatales y que la situación actual podría crear un «Salvaje Oeste» que favorece a las grandes empresas.
El consenso entre muchos actores es la necesidad de una acción legislativa. Morgan Reed, presidente de The App Association, instó al Congreso a promulgar rápidamente un «marco nacional de IA integral, específico y basado en el riesgo».
«No podemos tener un parche de leyes estatales de IA, y una larga lucha judicial sobre la constitucionalidad de una Orden Ejecutiva no es mejor.»
La orden llega en medio de un impulso más amplio para frenar la regulación estatal fragmentada, después de que los esfuerzos en el Congreso para establecer una pausa se estancaran, dejando a las startups en un limbo regulatorio.
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