La Comisión del Condado Miami-Dade dio su primer visto bueno, en la madrugada del viernes, al controvertido presupuesto para el año fiscal 2027 propuesto por la alcaldesa Daniella Levine Cava. El plan de gastos de $14.3 mil millones, que comienza el 1 de octubre, avanzó prácticamente intacto tras nueve horas de comentarios públicos y debate. La votación final quedó programada después de la segunda audiencia pública, que se realizará el 17 de septiembre.
El presupuesto aumenta el gasto total en 8%, una cifra que incluye ingresos del Aeropuerto Internacional de Miami, PortMiami, tarifas de basura y agua y otros fondos que no provienen de impuestos. La parte financiada con impuestos crece 4%, mientras los costos de nómina y atención médica harían crecer la masa salarial cerca de 5%. Para contener el gasto, el plan elimina cerca de 450 puestos vacantes y deja para después de las elecciones de noviembre las decisiones más difíciles.
La propuesta contempla el fin de las salidas de autobuses antes de las 6:00 a.m. en decenas de rutas, la eliminación de una docena de recorridos y la suspensión del servicio después de las 10:00 p.m. en aproximadamente tres docenas de rutas.
«¿Qué espera el condado que hagan estos pasajeros?», preguntó Tala Habash, organizadora de Transit Alliance Miami, que impulsa a Miami-Dade a restaurar el financiamiento necesario para preservar el servicio antes de las 6:00 a.m.
Habash aseguró que ha estado encuestando a viajeros que usan el autobús antes del amanecer y que muchos no sabían de los recortes previstos. Relató el caso de una mujer exhausta que regresaba de un turno nocturno en Burger King y escuchó la noticia a las 5:30 a.m.: «Tenían que haber visto su cara».
La alcaldesa no incluyó el aumento del pasaje en su propuesta para 2027, pero dijo a los comisionados que prefiere que se apruebe el incremento de 50 centavos que intentó conseguir el año pasado. Según Levine Cava, el sistema de transporte necesita que los pasajeros paguen más por primera vez desde 2013.
«Tenemos que aumentar la tarifa del transporte. Esa es realmente la conclusión», dijo Levine Cava poco después de las 12:30 p.m. del viernes.
El comisionado Oliver Gilbert, del área de Miami Gardens, señaló que no tiene sentido operar un sistema de autobuses con costos de combustible más altos y cobrar lo mismo que hace una década. «Si no arreglas las tarifas, es un problema que va a reaparecer cada año, sin importar lo que hagas», afirmó.
La comisionada Raquel Regalado, del sur del condado, pidió retirar la mayor parte del subsidio de $5.5 millones que recibe MetroConnect, el servicio que utiliza autos privados para ofrecer viajes de $3.75 en zonas con servicio limitado de autobús. Regalado dijo que el programa es «muy popular en mi distrito», pero subrayó: «Pero son $5 millones». Su solicitud para que Levine Cava estudiara un recorte del subsidio fue rechazada por la mayoría de los comisionados.
El condado disfrutó aumentos de dos dígitos en los ingresos por impuestos a la propiedad durante el auge inmobiliario y recibió fondos federales de ayuda por COVID, pero ahora enfrenta costos de nómina y servicios que superan el crecimiento de los ingresos mientras el mercado inmobiliario se enfría. El presupuesto 2027 está equilibrado, pero se proyectan déficits a partir de 2028 si no se aplican recortes o aumentos de impuestos.
Las reservas de emergencia también son bajas. El director de Presupuesto, Ray Baker, dijo que Miami-Dade debería tener alrededor de $500 millones en su fondo para emergencias, pero el condado dispone de menos de $90 millones después de un desastre como un huracán. «Estamos significativamente por debajo de donde deberíamos estar», afirmó.
Incluso con los recortes al transporte, Levine Cava utiliza $89 millones de una reserva que estaba destinada a futuros proyectos ferroviarios. Ese dinero se usará para pagar costos operativos del tránsito y estará casi agotado en 2028. También se recurre al fondo de vivienda asequible para pagar abogados de desalojos y un hogar de ancianos administrado por el condado.
Este podría ser el último presupuesto del condado aprobado con los niveles de financiamiento actuales, mientras los votantes de Florida consideran una enmienda constitucional que impondría un recorte al impuesto a la propiedad en todo el estado. Miami-Dade estima que la Enmienda 3 significaría una pérdida de $700 millones en ingresos por impuestos a la propiedad una vez que se implemente por completo en 2029, lo que equivale a un recorte de aproximadamente el 20% de los $3.3 mil millones que el condado recauda actualmente por ese concepto.
La sheriff Rosie Cordero-Stutz, quien no ha dado una postura sobre la Enmienda 3, pidió a los comisionados un aumento del 12% en los impuestos a la propiedad que financian su agencia independiente. Dijo que esos recursos «se traducen en agentes en las calles y llamadas al 911 que son atendidas», mientras agentes fuera de servicio con camisetas con la frase «We Fight What You Fear» se ponían de pie detrás de ella. Levine Cava, que se opone a la Enmienda 3, recomendó un aumento del 6% para la Oficina del Sheriff en 2027, la mitad de lo solicitado. Los comisionados avanzaron por ahora el plan de la alcaldesa, pero la segunda votación será la que defina el resultado.
«La seguridad pública debe ser lo primero, pero debemos ser fiscalmente responsables», dijo el presidente de la Comisión, Anthony Rodriguez.
Más de 150 personas se inscribieron para hablar en la audiencia pública que comenzó el jueves a las 5:00 p.m. y duró casi cuatro horas. Luego, los comisionados debatieron durante otras cinco horas las ocho piezas legislativas necesarias para avanzar el plan de impuestos y gastos. La sesión terminó a las 2:11 a.m.
La votación más cerrada fue la que autoriza un aumento del 6% en las tarifas de agua para los propietarios de viviendas de todo el condado, que avanzó por 7 votos contra 6. En contra votaron los comisionados Roberto Gonzalez, Vicki Lopez, Natalia Milian Orbis, René Garcia, Raquel Regalado y Anthony Rodriguez.
Varios comisionados insistieron en que Miami-Dade debe encontrar la forma de mantener las rutas abiertas para los trabajadores que dependen del transporte público.
«Recursos limitados no significan responsabilidades limitadas», dijo la comisionada Marleine Bastien, cuyo distrito incluye vecindarios con algunas de las tasas de pobreza más altas de Miami-Dade. «Tenemos que encontrar la manera de mantener estas rutas abiertas y que nuestros trabajadores sigan moviéndose».
En un memo enviado esta semana a los comisionados, Levine Cava presentó opciones para restaurar el financiamiento del servicio de autobuses, entre ellas eliminar el programa MetroConnect, aumentar el impuesto a la gasolina del condado de 3 a 5 centavos por galón y subir la tarifa del autobús de $2.25 a $2.75. En conjunto, esas medidas generarían cerca de $26 millones al año.
El comisionado Roberto Gonzalez, del oeste de Miami-Dade, pidió reducir las múltiples capas de directores superiores entre la alcaldesa y los gerentes de primera línea para ahorrar recursos y destinarlos a la Oficina del Sheriff, y así cerrar los $52 millones de diferencia entre la propuesta de Levine Cava y la de Cordero-Stutz. Gonzalez también advirtió que la presión para recortar los ingresos por impuestos a la propiedad no desaparecerá, aunque la Enmienda 3 no alcance el umbral del 60% en noviembre.
«El alivio fiscal para los residentes está llegando. No parece que estemos listos», afirmó Gonzalez.
La próxima audiencia pública y la votación final del 17 de septiembre serán decisivas para saber si los recortes al autobús y el eventual aumento de tarifas se concretan en Miami-Dade.
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