El lunes 1 de junio de 2026, comités de la Cámara y el Senado de Florida aprobaron cambios drásticos al plan de impuestos a la propiedad del gobernador Ron DeSantis, protegiendo la financiación de las escuelas y otros servicios públicos esenciales. La medida, anunciada apenas una semana antes, quedó significativamente debilitada tras las modificaciones legislativas.
Los floridanos que posean viviendas con exención por residencia habitual seguirán pagando impuestos a la propiedad destinados a las escuelas, según decidieron los comités. Además, los legisladores modificaron la propuesta de enmienda constitucional para aclarar que oficinas locales como las de los secretarios judiciales y los supervisores electorales continuarán siendo financiadas con impuestos a la propiedad.
“La pregunta que tenemos ante nosotros es: ¿cuánto estrés puede soportar el sistema a la vez? Yo, por mi parte, no puedo apoyar la eliminación de miles de millones de dólares de la educación pública hoy”, declaró el senador Jay Trumbull, republicano de Panama City, quien impulsó la protección escolar.
Los legisladores también desmantelaron otros aspectos de la enmienda de DeSantis: eliminaron la mención de un fondo estatal para ayudar a los gobiernos locales y recortaron el plan del gobernador de gastar $5.5 millones en notificaciones alertando a los propietarios sobre la enmienda en la boleta electoral. Un portavoz de DeSantis no respondió a un correo electrónico sobre si apoyaba los cambios.
Bajo el nuevo plan, los floridanos con exención por residencia habitual en 2028 podrían ahorrar miles de dólares en sus impuestos a la propiedad si la propuesta es aprobada por el 60% de los votantes en noviembre. Sin embargo, al eximir la financiación escolar de la iniciativa, esos ahorros serían significativamente menores que las cifras que DeSantis ha estado promocionando desde su anuncio del miércoles. Según estimaciones del personal de la Cámara, la medida restaría $14 mil millones de los ingresos de los gobiernos locales, de los cuales el 40% provendría de los fondos escolares.
La enmienda propuesta, “Save our Homes from Excessive Property Taxes”, aumentaría la exención máxima de residencia habitual de $50,000 a $150,000 en 2027. Luego subiría a $250,000 en 2028. Cualquier aumento posterior quedaría a decisión de futuras legislaturas. La exención por residencia habitual reduce el valor imponible de las viviendas principales para aliviar la carga fiscal a los floridanos.
El lunes, los representantes de bibliotecas, ciudades, condados y departamentos de bomberos solo tuvieron dos minutos de comentario público para expresar su oposición en los comités. Trip Barrs, presidente de la Asociación de Jefes de Bomberos de Florida, advirtió que los bomberos no podrían mantener los servicios actuales. Los distritos de bomberos independientes dependen casi exclusivamente de los impuestos a la propiedad.
“Mi esperanza es que nunca tengan que experimentar la carga que nosotros soportamos cuando no podemos satisfacer las necesidades de una comunidad en su peor día”, dijo Barrs a los senadores.
T. Michael Stavres, administrador de la ciudad de Winter Haven, señaló que su comunidad recibe $31.5 millones en impuestos a la propiedad, mientras que los costos de policía y bomberos ascienden a $34 millones. La ciudad enfrentaría un déficit de $10.5 millones si la enmienda se convierte en ley. “Al salir de Winter Haven para venir aquí, vi a niños yendo al campamento de verano por primera vez, a clases de natación, a nuestros parques, lugares que aman, que hacen que las familias quieran vivir en nuestra comunidad. Esas son las cosas que sufren cuando no tenemos los dólares para pagarlas”, lamentó.
El lunes, el grupo activista contra los impuestos Florida TaxWatch también se opuso a la enmienda, advirtiendo que la propuesta de DeSantis llevará a los gobiernos locales a aumentar otras tarifas y trasladar la carga fiscal a personas sin exención por residencia habitual.
Algunos legisladores se mostraron visiblemente frustrados por la falta de tiempo y de respuestas sobre la enmienda. A diferencia de las típicas piezas legislativas, los economistas estatales no han realizado ningún estudio sobre sus efectos potenciales. DeSantis también vetó el año pasado la financiación para estudiar la eliminación de los impuestos a la propiedad. La representante Lindsay Cross, demócrata de San Petersburgo, afirmó: “Al votar sí a algo que guarda silencio sobre tantas cosas, les decimos a los floridanos que no nos importa lo suficiente hacerlo bien”.
El senador Carlos Guillermo Smith, demócrata de Orlando, cuestionó una declaración en el resumen de la boleta que dice que la enmienda “requiere… un cronograma para la eliminación total” de los impuestos a la propiedad sobre viviendas con exención. Nada en la enmienda hace eso. La enmienda dice que la Legislatura “deberá” crear un procedimiento para que condados, municipios y distritos escolares aumenten la exención “hasta” cualquier límite. Ese aumento podría ser de $100 millones o de $1. El senador Bryan Avila, republicano de Miami, patrocinador de la enmienda de DeSantis, no pudo conciliar la discrepancia. “Este es el plan del gobernador, la propuesta del gobernador. Su intención, creo, es llegar eventualmente a un punto donde haya eliminación total”, dijo Avila.
Se espera que los legisladores debatan y voten la enmienda el martes 2 de junio de 2026, 24 horas después de haberla considerado por primera vez.
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