Este lunes, los legisladores de Florida dieron un golpe de timón a la propuesta del gobernador Ron DeSantis para reformar los impuestos a la propiedad, al proteger los fondos escolares y los servicios públicos locales. En una jornada maratónica de comités en la Cámara y el Senado, se aprobaron cambios que eximen a la educación pública del plan de exención de impuestos, reduciendo drásticamente el alcance de la iniciativa.
Tanto el comité de la Cámara como el del Senado votaron para que los propietarios de viviendas con exención fiscal sigan pagando impuestos destinados a las escuelas. Además, se aseguró que las oficinas locales esenciales —como los secretarios judiciales y supervisores electorales— continúen financiándose a través de los impuestos a la propiedad.
«La pregunta ante nosotros es cuánto estrés puede soportar el sistema a la vez. No puedo apoyar la eliminación de miles de millones de dólares de la educación pública hoy», afirmó el senador Jay Trumbull, republicano de Panamá City, quien impulsó la enmienda protectora.
Los legisladores también eliminaron varios aspectos clave de la propuesta original de DeSantis: suprimieron la mención a un fondo estatal para ayudar a los gobiernos locales y retiraron los $5.5 millones que el gobernador había destinado para notificar a los propietarios sobre la enmienda en la boleta electoral.
DeSantis presentó el miércoles pasado su plan «Save our Homes from Excessive Property Taxes», que aumenta la exención homestead de $50,000 a $150,000 en 2027 y luego a $250,000 en 2028. Sin embargo, los análisis de los equipos legislativos indican que la medida original habría eliminado $14 mil millones de los ingresos de los gobiernos locales, de los cuales el 40% provendría de los presupuestos escolares.
Al excluir la educación de la exención, el ahorro para los contribuyentes será significativamente menor al que DeSantis ha promocionado. El gobernador convocó a la legislatura a sesión extraordinaria esta semana para aprobar su plan, pero los legisladores de ambos partidos criticaron la premura.
En las audiencias públicas, representantes de bibliotecas, condados, cuerpos de bomberos y ciudades expresaron su rechazo. Trip Barrs, presidente de la Asociación de Jefes de Bomberos de Florida, advirtió que los distritos de bomberos independientes dependen casi exclusivamente de los impuestos a la propiedad y no podrían mantener los servicios actuales.
«Mi esperanza es que nunca tengan que experimentar la carga de no poder satisfacer las necesidades de una comunidad en su peor día», declaró Barrs ante los senadores.
El administrador de la ciudad de Winter Haven, T. Michael Stavres, informó que su comunidad recibe $31.5 millones en impuestos a la propiedad, mientras que los costos de policía y bomberos ascienden a $34 millones. Si la enmienda se aprueba, la ciudad perdería $10.5 millones.
Además, Florida TaxWatch, la influyente organización antitributaria, se opuso a la enmienda, argumentando que llevaría a los gobiernos locales a aumentar otras tarifas y transferir la carga fiscal a quienes no tienen exención homestead.
Varios legisladores manifestaron su frustración por la falta de tiempo y de análisis independiente. La Oficina de Análisis Económico del estado no ha realizado ningún estudio sobre los efectos potenciales de la enmienda. DeSantis vetó el año pasado los fondos para estudiar la eliminación de los impuestos a la propiedad.
«Al votar sí a algo que guarda silencio en tantas cosas, estamos diciendo a la gente de Florida que no nos importa lo suficiente para hacerlo bien», señaló la representante demócrata Lindsay Cross de San Petersburgo.
El senador demócrata Carlos Guillermo Smith, de Orlando, cuestionó que el resumen de la boleta afirme que la enmienda «requiere… un cronograma para la eliminación total» de los impuestos a la propiedad, cuando el texto no establece tal obligación. El senador republicano Bryan Avila, de Miami, impulsor de la iniciativa en el Senado, no pudo explicar la discrepancia.
Se espera que el martes —24 horas después del primer debate— tanto la Cámara como el Senado voten la versión modificada de la enmienda constitucional. Para ser aprobada, necesita el respaldo del 60% de los votantes en las urnas de noviembre. Mientras tanto, la oficina del gobernador no ha respondido si respalda los cambios realizados por los legisladores.
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