Aunque una investigación criminal sobre la Hope Florida Foundation parece haber concluido, la organización benéfica podría enfrentar un severo escrutinio por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuando presente su declaración de impuestos este 15 de mayo. Los expertos advierten que el destino dado a $10 millones provenientes de un acuerdo estatal de Medicaid podría violar las leyes que regulan el gasto en actividades políticas y de lobby por parte de organizaciones exentas de impuestos.
Los $10 millones recibidos por la fundación fueron transferidos en su totalidad a dos organizaciones: Secure Florida’s Future y Save Our Society From Drugs. Estas, a su vez, canalizaron $8.5 millones al comité político Keep Florida Clean, creado para oponerse a la enmienda de marihuana recreativa en las elecciones de 2024, una prioridad para la administración del gobernador Ron DeSantis.
«Creo que la Hope Florida Foundation tiene un problema muy, muy grande aquí», afirmó Eric Gorovitz, abogado especialista en impuestos para organizaciones sin fines de lucro.
El IRS limita estrictamente el gasto en lobby y prohíbe completamente el gasto político para organizaciones caritativas 501(c)(3) como la Hope Florida Foundation. El dinero utilizado en una iniciativa de balotaje constitucional se considera lobby, mientras que el destinado a un candidato es político.
Sin embargo, el exjefe de personal del gobernador DeSantis y actual fiscal general, James Uthmeier, quien controló el comité Keep Florida Clean, justificó el gasto argumentando que se trataba de combatir una «cuestión» y no de apoyar a un candidato político, por lo que consideró la acción legal.
Si el IRS determina que los fondos se usaron para actividades políticas o un gasto excesivo en lobby, la fundación podría perder su estatus de exención fiscal. Esto implicaría pagar impuestos sobre las donaciones, que los donantes no puedan deducirlas, y posiblemente el pago de impuestos retroactivos como penalización.
«Este es el tipo de cosa que puede ser auditada», dijo Philip Hackney, profesor de derecho de la Universidad de Pittsburgh, «pero eso no significa que será auditada», añadió, refiriéndose a los recortes de personal en el IRS durante la administración Trump.
En un informe financiero preliminar presentado en la reunión de la junta directiva del 30 de marzo, la fundación declaró que «no tiene conocimiento de ninguna actividad que ponga en peligro su estatus de exención de impuestos». Sin embargo, el abogado de la fundación, Jeff Aaron, y la firma contable Atchley and Associates que elaboró el informe, se negaron a comentar al respecto.
Dos miembros de la junta que expresaron preocupaciones sobre las transacciones fueron reemplazados cuando terminaron sus mandatos. La junta no ha intentado recuperar el dinero, a pesar de la recomendación del representante estatal republicano Alex Andrade.
Los $10 millones en cuestión formaban parte de un esfuerzo mayor de más de $35 millones por parte de la administración DeSantis para desviar fondos estatales y derrotar no solo la enmienda de la marihuana recreativa, sino también una iniciativa para revocar la prohibición del aborto a las seis semanas en Florida. Gran parte del dinero se usó en anuncios publicitarios antes de las elecciones.
La secretaria de la Agencia para la Administración de la Atención Médica, Shevaun Harris, justificó en febrero el uso de dinero destinado a opioides para los anuncios contra la marihuana, describiéndolo como «divulgación educativa» y no como política o lobby.
«Si el dinero se usó para otros fines, entonces el hecho de que una parte se usara para una actividad educativa real no va a salvar a la organización», concluyó Marcus Owens, exdirector de la División de Organizaciones Exentas del IRS.
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