La rápida construcción del centro de detención de inmigrantes ‘Alligator Alcatraz’ en los Everglades, impulsada por la administración del gobernador Ron DeSantis, enfrenta ahora una crítica incertidumbre financiera. Aunque inicialmente se aseguró que el gobierno federal cubriría los costos, nuevos documentos judiciales sugieren que los contribuyentes de Florida podrían terminar pagando la factura de la construcción.
En un informe presentado esta semana, la administración DeSantis reveló que ha gastado $573 millones en fondos de emergencia para la aplicación de leyes de inmigración, incluyendo el centro de detención. Sin embargo, aún no ha recibido ninguno de los $608 millones que, según el estado, el gobierno federal había comprometido.
«Crucialmente, los documentos muestran que FEMA podría no reembolsar a FDEM por los costos de construcción», escribieron abogados del Departamento de Justicia en un documento presentado el martes ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito. «Y podría finalmente rechazar los costos solicitados por completo».
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha señalado que el reembolso a través de su programa de subvenciones no es específico para ninguna instalación de detención estatal en particular y debe basarse en el costo por detenido. En septiembre, la agencia informó a la administración DeSantis que su presupuesto excedía los fondos disponibles para ese año y solicitó un presupuesto revisado.
«El reembolso para la construcción no está disponible», enfatizaron los abogados federales en el documento del martes.
Kevin Guthrie, Director de Manejo de Emergencias de Florida, añadió otra capa a la saga de financiamiento, diciendo a periodistas que FEMA había informado a su agencia que los pagos estaban siendo retenidos por el Departamento de Justicia por razones no reveladas.
Los contratos muestran que el costo para erigir el sitio, ubicado en la antigua pista de aterrizaje del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, superó los $100 millones. En junio, cuando el estado transformó el lugar, FEMA había estimado que cada cama de detenido costaría $245 por día, para un total de $450 anuales. En ese momento, el gobernador DeSantis había dicho que el gobierno federal cubriría el precio.
El documento judicial presentado el martes es parte de la contra-moción del gobierno federal para complementar ciertos registros en el caso de apelación presentado por el grupo ambientalista Friends of the Everglades. La organización argumenta que el intercambio de fondos entre el estado y el gobierno federal es el detonante que sometería el centro de detención de los Everglades a las regulaciones de evaluación de impacto ambiental.
«La existencia de una solicitud estatal es solo un paso preliminar hacia una decisión final de financiamiento federal», dice el documento. «FEMA no ha tomado esa decisión última incluso ahora».
Estos desarrollos arrojan una duda creciente sobre si los contribuyentes de Florida recuperarán algún día un reembolso completo del gobierno federal por la expansión de la crackdown en inmigración de la administración DeSantis, que incluyó la construcción de la primera instalación de su tipo en lo profundo de los Everglades.
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