El presidente saliente de la Cámara de Representantes de Florida, Daniel Pérez, ha revelado por primera vez de manera pública la lista de clientes de su práctica legal privada, según una declaración financiera federal presentada el 12 de mayo y hecha pública la semana pasada en el marco de su nominación como embajador de Estados Unidos en Brasil.
El documento muestra que Pérez ganó $1.1 millones en el último año por su trabajo legal, y que sus clientes incluyen a Airbnb, Newsmax y CDR Maguire, una firma consultora vinculada a donantes republicanos que ha obtenido más de $120 millones en nuevos contratos gubernamentales desde 2024.
Clientes con intereses ante el estado
La declaración financiera, requerida como parte del proceso de confirmación del Senado, plantea interrogantes sobre la posible superposición entre los negocios privados de Pérez y sus funciones como uno de los funcionarios electos más poderosos de Florida. Aunque no hay evidencia de conducta inapropiada, algunas de las empresas que representó tenían asuntos pendientes ante la Legislatura o el estado durante su mandato como presidente de la Cámara.
Airbnb y la legislación sobre viviendas
Airbnb, por ejemplo, tenía un interés claro en la legislación sobre viviendas que finalmente no prosperó en la Cámara. El Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley en febrero que facilitaba la construcción de accessory dwelling units (ADU) y prohibía estrictamente su uso como alquileres a corto plazo, una medida que amenazaba los intereses de Airbnb. La versión de la Cámara, impulsada bajo el liderazgo de Pérez, omitió la prohibición y la iniciativa se estancó en comité.
Pérez declaró: “No tuve ninguna participación en el proyecto de ley de ADU. El presidente de Comercio de la Cámara, Rep. James Buchanan, lideró la posición de la Cámara sobre esa legislación”. Agregó que su trabajo legal se ha limitado a transacciones entre partes privadas y fuera de Florida.
CDR Maguire y los contratos estatales
Otro cliente, CDR Maguire, recibió al menos $5,000 por servicios legales, según el informe. La firma forma parte de CDR Companies, cuyos ejecutivos son aliados del gobernador Ron DeSantis y donantes de su fallida campaña presidencial. Además, tres empresas vinculadas a CDR obtuvieron $210 millones en contratos para centros de detención de inmigrantes administrados por el estado, conocidos como “Alligator Alcatraz” y “Deportation Depot”.
Pérez calificó de “ridícula” la insinuación de que su asociación pudiera beneficiar a empresas que buscan contratos con la administración DeSantis, señalando que los contratos estatales son controlados por el poder ejecutivo.
Newsmax y el acuerdo millonario
El canal conservador Newsmax, que pagó $67 millones en 2025 para resolver una demanda por difamación relacionada con afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2020, también figuró como cliente de Pérez.
Ingresos y estructura legal
Pérez realizó la mayor parte de su trabajo legal a través del bufete RHF Law Firm con sede en Miami, donde es socio junto a Robert H. Fernandez, designado por DeSantis en la Comisión de Nombramientos Judiciales del Undécimo Circuito. Los ingresos de RHF representaron casi tres cuartas partes de los $1.2 millones en salarios declarados. También reportó $121,458 como asesor interno de Doctors HealthCare Plans Inc., una aseguradora de Medicare. Menos del 4% de sus ingresos provino de su cargo público, que paga $45,000 anuales.
“Florida tiene una legislatura ciudadana de medio tiempo, lo que significa que la mayoría de los miembros trabajan. Eso es parte de la fortaleza de nuestro sistema”, declaró Pérez.
Plan de conflictos de interés
Como parte de sus divulgaciones éticas, Pérez envió una carta al Departamento de Estado detallando su plan para evitar conflictos de interés si su nominación es confirmada: dejará de representar a todos sus clientes actuales, renunciará a RHF Law Firm y a la aseguradora, y no participará en asuntos relacionados con sus antiguos clientes durante al menos un año.
Hasta el 5 de julio, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU. no había programado una audiencia de confirmación para Pérez. Se espera que los senadores pregunten sobre sus divulgaciones financieras, su conocimiento de Brasil y una controvertida exención fiscal aprobada por la Cámara de Florida de la que Pérez podría beneficiarse.