Por segunda vez, el Miami Dade College’s Board of Trustees aprobó de manera unánime transferir una valiosa propiedad de 2.6 acres en el corazón de Miami al estado de Florida, para que este la entregue a la fundación de la biblioteca presidencial de Donald Trump. La votación de este martes se produce tras un primer intento en septiembre, anulado por una demanda que alega violaciones a las leyes de transparencia (Sunshine Laws).
A diferencia de la primera votación, celebrada sin comentario público ni discusión, la reunión de este martes en Hialeah contó con la asistencia de casi 100 personas. El juez del circuito de Miami Dade, Mavel Ruiz, había bloqueado previamente la transferencia de la escritura mientras continúa la demanda presentada por el historiador Marvin Dunn. Sin embargo, se indicó que una nueva votación públicamente anunciada podría permitir al colegio sortear esa decisión.
Marvin Dunn, líder de la demanda, se dirigió directamente a los fiduciarios:
“No queremos que esta tierra sea regalada. Ningún presidente debería obtener esta tierra gratis… Si pensaron que esta reunión falsa desharía mi demanda, están equivocados. Recién empezamos”.
Laura Kelley, presidenta del Partido Demócrata del Condado Miami-Dade, criticó la falta de transparencia y advirtió que desviar propiedad pública institucional para una fundación privada con afiliación política “compromete la neutralidad del MDC”.
Alina Garcia, Supervisora de Elecciones del Condado Miami-Dade y republicana, expresó su apoyo:
“Sería una gran atracción turística… Creo que sería un gran honor para nosotros tener una biblioteca presidencial aquí”.
El fiduciario Marcell Felipe mencionó que, en conversaciones con el asesor de Trump, Steve Witkoff, se sugirió que Miami estaba obteniendo “un trato bastante bueno”, ya que otras ciudades ofrecían donar el terreno y pagar la construcción.
La propiedad, valorada en $67 millones por el tasador de Miami-Dade (aunque se cree que vale mucho más), se transferirá al Board of Trustees of the Internal Improvement Trust Fund de Florida, que ya votó a favor de entregarla gratuitamente a la fundación de Trump. La única condición es que la construcción comience en cinco años.
A pesar de la ausencia de acuerdos públicos que especifiquen beneficios económicos o educativos para el colegio, los fiduciarios insisten en que el proyecto será positivo. Michael Bileca, presidente de la junta, afirmó que el colegio abogará por una participación en los ingresos si se generan ganancias con usos anexos al proyecto principal.
La demanda de Marvin Dunn por presuntas violaciones a las Sunshine Laws sigue su curso, con juicio programado para agosto. Su abogado, Richard Brodsky, anunció que procederán con descubrimiento de pruebas y deposiciones.
Mientras, Metris Batts-Coley, presidenta del Miami Women’s Club, cuestionó quiénes se beneficiarán realmente de los empleos que genere el proyecto: “Sí, traerá turismo, traerá algunos trabajos, pero ¿quién va a obtener esos trabajos?”.
La polémica trasciende lo legal y se adentra en el debate sobre el uso del suelo público y el legado de una figura polarizante en una de las ciudades más dinámicas de Estados Unidos.
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