Cinco de los contratistas empleados por Florida para construir y operar Alligator Alcatraz —el controvertido centro de detención migratoria en los Everglades— tienen conexiones con alegaciones de malas prácticas comerciales y uso indebido de fondos públicos, según registros legales revisados.
SLSCO, con sede en Galveston, Texas, fue contratada para la construcción y mantenimiento del proyecto. En 2019, recibió contratos por $1.4 mil millones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. para el muro fronterizo. Una demanda federal en California acusó a la empresa de permitir el ingreso de nacionales mexicanos armados sin estatus legal para labores de seguridad, violando acuerdos contractuales y leyes federales.
Además, una auditoría de Nueva York en 2024 encontró que SLSCO cobró tarifas excesivas por operar refugios para solicitantes de asilo, con rates hasta un 237% más altos que otros contratistas. La empresa negó las alegaciones, afirmando que fueron investigadas y desestimadas.
IRG Global Emergency Management firmó contratos por $5.1 millones con Florida en junio de 2024 para vehículos y servicios en Alligator Alcatraz. La empresa contribuyó con $10,000 al Partido Republicano de Florida un día después del primer contrato. Ejecutivos de IRG Global también estaban vinculados a empresas como Global Estimating Services (GES) y Access Restoration Services (ARS), acusadas en una demanda federal de 2023 por presentar reclamos de seguros inflados por huracanes en zonas de desastre.
Exempleados alegaron que se les usaba para documentar daños no relacionados con desastres y se les prohibía comunicarse con aseguradoras. IRG Global negó cualquier conexión con el caso, que terminó en un acuerdo en abril de 2024.
GardaWorld, proveedor de servicios administrativos para el proyecto, enfrentó acusaciones por su papel en el transporte de migrantes y operaciones en el extranjero. Una investigación del Tampa Bay Times en 2020 reveló que sus camiones blindados carecían de frenos confiables y medidas de seguridad, con un promedio de 100 colisiones mensuales entre 2014 y 2016, resultando en muertes y lesiones.
Además, un veterano del Ejército de EE.UU. demandó a GardaWorld en 2020 por allegedly contratar empleados no calificados para proteger la Embajada de EE.UU. en Afganistán, poniendo en riesgo al personal del Departamento de Estado. La empresa negó las acusaciones y llegó a un acuerdo en agosto de 2024.
La administración de Gov. Ron DeSantis no respondió a preguntas detalladas sobre las alegaciones contra los contratistas o los procesos de verificación. Los contratos se otorgaron bajo una orden de emergencia de 2023 que suspende regulaciones para acelerar la respuesta migratoria. La División de Manejo de Emergencias de Florida reemplazó registros públicos argumentando que contenían «información proprietary».
Estos hallazgos plantean dudas sobre la supervisión estatal en proyectos de alto perfil y el uso de fondos públicos en medio de acusaciones de irregularidades.
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