En un giro sorpresivo, Donald Trump acordó retirar la orden ejecutiva que sancionaba al prestigioso bufete Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, tras obtener compromisos clave que incluyen trabajo pro bono para causas conservadoras valorado en $40 millones.
«Reconocemos los errores de Mark Pomerantz y la necesidad de restaurar la justicia»
– Brad Karp, presidente de Paul Weiss
La orden ejecutiva del 14 de marzo buscaba castigar al bufete por su vinculación con Mark Pomerantz, exsocio que investigó pagos de Trump a Stormy Daniels. Este episodio refleja la «guerra contra la judicialización política» del expresidente.
El acuerdo evita restricciones a contratos gubernamentales para el bufete, tras el precedente de Perkins Coie donde un juez federal bloqueó medidas similares por «discriminación ideológica».
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