Una serie de decisiones judiciales recientes han paralizado temporalmente los esfuerzos de la administración Trump para deportar a hasta un millón de migrantes indocumentados este año, al considerar jueces federales que no se puede proceder sin garantizar el debido proceso.
El Noveno Circuito de Apelaciones respaldó el 7 de abril la decisión del juez Edward M. Chen de bloquear la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 350,000 venezolanos, extendiendo el programa hasta octubre de 2026. Chen calificó la acción de DHS como basada en «generalizaciones y estereotipos».
La jueza Indira Talwani en Boston detuvo el 14 de abril la eliminación de protecciones para más de 500,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela admitidos bajo parole humanitario. El programa, iniciado en 2023, permitía estancias de dos años con patrocinador.
El 15 de mayo, el Supremo analizará el fin de la ciudadanía por nacimiento para hijos de indocumentados, un tema con implicaciones constitucionales derivadas de la Enmienda 14.
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