Dos exdetenidos del centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz en Florida testificaron este miércoles en una corte federal en Fort Myers, describiendo un trato «horrible» y condiciones que violan sus derechos constitucionales a la asesoría legal.
Uno de los testigos, identificado solo por sus iniciales H.C.R., declaró vía videollamada desde Bogotá, Colombia, que a los detenidos se les negaban lápices y papel para anotar información de sus abogados, obligándolos a escribir números de teléfono en las literas y paredes usando «barras de jabón». Además, los teléfonos disponibles fallaban constantemente: «La llamada se cortaba inmediatamente».
«Fue una experiencia bastante humillante. No nos quitaban las esposas para comer, así que era muy difícil alimentarse. Restringieron el acceso a mis medicamentos», relató H.C.R. a través de un intérprete.
El segundo testigo, un hombre haitiano identificado como J.E., describió cómo fue engañado para firmar papeles de deportación que creía lo enviarían a México. No fue hasta que abordó un avión el 7 de enero que supo que era destinado a Haití, donde ahora vive escondido.
Los testimonios se dieron en el marco de una demanda presentada por exdetenidos y proveedores de servicios legales contra agencias y funcionarios de inmigración federales y estatales. Entre los acusados se encuentran la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el Gobernador de Florida, Ron DeSantis.
La demanda alega que las prácticas en la instalación estatal violan la Primera Enmienda, al obstruir el derecho a la asesoría legal y la libertad de expresión. La jueza federal Sheri Polster Chappell del Distrito Medio de Florida está a cargo del caso.
Mark Saunders, vicepresidente de The Nakamoto Group, contratista estatal que gestiona las visitas legales, testificó que las políticas del centro se «escribieron más bien rápidamente» y contenían falsedades, como referencias a un equipo legal inexistente.
Saunders admitió cambios recientes no publicitados, como una orden al personal de «hace cinco o seis semanas» para no rechazar a abogados que se presenten en persona, y una nueva práctica que permite a los detenidos pedir a los guardias teléfonos celulares para llamadas confidenciales a sus abogados. Sin embargo, confirmó que no hay letreros en la instalación que informen sobre este procedimiento.
Dora Schriro, testigo experta de los demandantes, declaró que las agencias a cargo han hecho «muy difícil» para los detenidos «acceder a lo que tienen derecho» bajo la Constitución de EE.UU. Calificó la práctica de pedir teléfonos a los guardias como «algo realmente peculiar».
Juan Lopez Vega, subdirector de la oficina de ICE en Miami, testificó bajo subpoena después de que el gobierno federal intentara bloquear su declaración. Vega, quien supervisa las operaciones de ICE en el área de Miami, incluyendo Alligator Alcatraz, insistió en que la instalación cumple con todos los estándares, pero reconoció que no ha visitado el sitio desde el verano pasado, cuando se inauguró.
Los abogados de los demandantes intentaron presentar a un tercer exdetenido, pero la abogada Eunice Cho de la Unión Americana de Libertades Civiles informó a la corte que el testigo desapareció recientemente después de ser deportado, a pesar de que un juez le había otorgado un alivio bajo la «Convención contra la Tortura».
Los testimonios pintan un panorama desolador de Alligator Alcatraz, el campamento de detención erigido en cuestión de días en junio pasado en el Big Cypress National Preserve, y subrayan la urgente necesidad de transparencia y respeto a los derechos fundamentales.
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