Un juez federal en Washington bloqueó el lunes por la noche la decisión de la administración Trump de terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de haitianos, muchos de ellos en el sur de Florida, dictaminando que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) violó la ley.
La jueza Ana C. Reyes de la Corte Distrital de EE.UU. concedió la moción para mantener la protección, lo que significa que, por ahora, los beneficiarios haitianos del TPS continuarán con protecciones contra deportaciones y autorizaciones de trabajo válidas. La terminación, programada para las 11:59 p.m. del martes, queda en pausa.
Los abogados del DHS argumentaron que la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no era revisable por la corte. Los defensores de los haitianos, sin embargo, presentaron un reclamo de igual protección basado en la raza, argumentando que la animadversión hacia la comunidad haitiana se fundamenta en que son negros, no solo en su nacionalidad. Es la primera vez que este argumento se presenta ante los tribunales exclusivamente por motivos de raza.
El TPS para Haití fue establecido por el presidente Barack Obama tras el devastador terremoto de 2010, que dejó más de 300,000 muertos y 1.5 millones de desplazados. Hoy, la situación es aún más crítica: sin funcionarios electos casi cinco años después del asesinato del presidente Jovenel Moise, con pandillas descontroladas y un consejo presidencial que genera temor a más violencia. Defensores advierten que terminar el TPS enviaría a personas a una muerte segura, con 6 millones necesitando ayuda humanitaria y más de 1.4 millones forzados a huir de sus hogares.
En el sur de Florida, donde más de 150,000 haitianos tienen TPS, líderes empresariales han expresado gran preocupación por el potencial impacto económico de perder a estos trabajadores. La región de Greater Miami sería una de las más afectadas.
La demanda fue presentada por nueve demandantes, incluyendo titulares de TPS, la Asociación de Clero Evangélico Haitiano y el sindicato de servicios EIU-32BJ. Alegan que la decisión violó la ley de inmigración y fue impulsada por animus racial, citando comentarios del expresidente Trump. Previamente, en julio, un juez federal en Nueva York había restaurado la fecha de terminación original del 3 de febrero de 2026, tras dictaminar que Noem excedió su autoridad al reducir una extensión de 18 meses.
Se espera que la administración, que ha cancelado el TPS para una docena de países incluidos Venezuela y Nicaragua, apele la decisión ante la Corte Suprema. En casos similares, ha solicitado levantar órdenes judiciales para continuar con deportaciones durante la litigación. Los demandantes están representados por el bufete de Miami Kurzban Kurzban, Tetzeli & Pratt y Just Futures Law.
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