Un juez federal ha bloqueado temporalmente al gobierno de Estados Unidos para que no termine el parole y la autorización de trabajo para cientos de miles de migrantes que ingresaron al país utilizando la aplicación CBP One. Esta decisión judicial podría afectar a decenas de miles de personas en el sur de Florida que dependían de ese estatus legal.
La Jueza de Distrito Allison D. Burroughs en Massachusetts dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actuó de manera ilegal al terminar el parole en masa sin revisar casos individuales, lo que constituye una violación del Administrative Procedure Act.
“Las terminaciones de parole excedieron la autoridad estatutaria de la agencia y contradijeron los procedimientos establecidos en sus propias regulaciones”, escribió la jueza en su fallo del 31 de marzo.
Los migrantes afectados entraron a EE. UU. a través de CBP One, una aplicación móvil lanzada en 2023 bajo la administración Biden que permitía solicitar parole, programar inspecciones y coordinar la entrada legal. La terminación masiva de este programa por parte del DHS afectó a más de 900,000 personas a nivel nacional.
El fallo de 25 páginas anula las terminaciones de parole emitidas en abril de 2025, restaurando así el estatus legal y la autorización de trabajo de los migrantes impactados por las notificaciones masivas. También permite que una demanda colectiva proceda, aunque el tribunal limitó su alcance a los migrantes directamente afectados por las revocaciones generalizadas.
En un comunicado escrito, el DHS expresó su desacuerdo con la decisión judicial, calificándola de “activismo judicial flagrante que socava la autoridad del Presidente para determinar quién permanece en este país”.
La agencia agregó: “La Administración Biden abusó de la autoridad de parole bajo el desastroso programa CBP One para permitir la entrada de millones de extranjeros ilegales, lo que avivó la peor crisis fronteriza de la historia de EE. UU. Bajo la ley federal, el DHS tenía plena autoridad para revocar el parole. Cancelar estos parole es una promesa cumplida al pueblo estadounidense para asegurar nuestras fronteras”.
El DHS también alentó a los migrantes a tomar control de su partida utilizando la aplicación CBP Home, señalando que Estados Unidos ofrece $2,600 y un vuelo gratis para auto-deportarse.
El caso fue presentado en agosto como una demanda colectiva potencial por tres mujeres de Haití, Cuba y Venezuela, junto con la Venezuelan Association of Massachusetts, una organización de defensa que representa a comunidades inmigrantes.
Los inmigrantes y la organización están representados por los grupos de defensa legal Democracy Forward y el Massachusetts Law Reform Institute. Argumentaron que el DHS violó la ley federal al revocar abruptamente los parole y las autorizaciones de trabajo en masa sin las revisiones individuales requeridas.
“El juicio sumario queda así resuelto a favor de los Demandantes en sus primeras tres demandas”, escribió la jueza, refiriéndose a los reclamos centrales de que el DHS violó la ley administrativa.
Sin embargo, el fallo no fue una victoria total. La jueza rechazó reclamos más amplios que iban más allá de las violaciones de procedimiento, declinó revisar ciertas decisiones discrecionales de inmigración y limitó la definición de la clase, reduciendo así el número de migrantes que podrían beneficiarse del caso.
Carlina Velásquez, presidenta de la Venezuelan Association of Massachusetts, declaró: “Para muchas familias venezolanas, esta decisión trae un alivio largamente esperado después de meses de miedo e incertidumbre. Estas son personas que siguieron cada paso requerido, confiaron en el sistema y construyeron sus vidas aquí, solo para que les dijeran que tenían que dejarlo todo. Este fallo restaura su estabilidad, dignidad y esperanza”.
Skye Perryman, presidenta y CEO de Democracy Forward, calificó el fallo como un rechazo claro a una administración que intentó borrar el estatus legal de cientos de miles de personas con un clic: “Nuestros clientes siguieron la ley: esperaron, se registraron, fueron inspeccionados y se les concedió parole bajo la ley. El esfuerzo de la administración Trump-Vance por arrebatar ese estatus de la noche a la mañana fue ilegal y cruel, y el tribunal rechazó esa política dañina y desestabilizadora”.
Para los migrantes en el sur de Florida y los miles en todo el país que dependieron de CBP One para entrar a Estados Unidos, este fallo judicial proporciona un respiro crucial y la oportunidad de mantener la estabilidad mientras el caso avanza. Expertos legales subrayan que, si bien el DHS retiene la autoridad para terminar el parole, no puede hacerlo de manera generalizada y debe documentar las razones para cada decisión individual.
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