Los gobiernos de DeSantis y Trump presentaron documentos que según ellos avalan la operación del centro de detención Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades. Estos incluyen acuerdos 287(g) con nueve agencias estatales como el Departamento de Correcciones de Florida y la Comisión de Conservación de Vida Silvestre.
Un acuerdo con el Departamento de Correcciones fue modificado el 5 y 6 de agosto para permitir la detención fuera de prisiones estatales, aplicándose retroactivamente desde junio. Nicholas Meros, abogado del estado, afirmó que estas agencias realizan funciones de detención en el sitio.
En audiencias federales en Miami, la jueza Kathleen Williams cuestionó la operación del centro. La abogada federal Marissa Piropato admitió que el gobierno no supervisa diariamente las instalaciones, mientras el abogado Paul Schwiep argumentó:
«O el estado opera bajo autoridad federal o es un centro ilegal»
Juan López Vega de ICE declaró que los detenidos pueden solicitar audiencias, pero abogados denuncian imposibilidad real de acceder a cortes migratorias. La falta de supervisión judicial federal genera dudas sobre la legalidad de las detenciones.
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