La pregunta sobre quién está a cargo de las operaciones en el polémico sitio de detención de los Everglades, conocido como Alligator Alcatraz, siguió siendo central este martes en el tribunal federal de Miami. Un panel de tres jueces del Undécimo Circuito de la Corte de Apelaciones evaluó si revocar la decisión de un tribunal inferior del verano pasado que ordenó el cierre temporal de la instalación.
Los jueces se centraron en el nivel de participación federal necesario para activar la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA), que sometería al complejo de carpas y tráileres a una revisión ambiental. El juez principal William H. Pryor, nombrado en 2004 por el presidente George W. Bush, cuestionó la aplicabilidad de la ley federal.
“Según entiendo, esta es propiedad estatal. Es propiedad del estado, controlada por el estado. Ellos construyeron la instalación. Si mañana quieren usarla para ayuda por huracanes, podrían decidir hacerlo”, dijo el juez Pryor.
Los abogados del estado de Florida y del gobierno federal argumentaron que la orden judicial preliminar de agosto emitida por la jueza de distrito Kathleen Williams —que efectivamente requería el cierre del sitio— fue una extralimitación. Afirmaron que sometió a Florida a leyes federales que no aplican, ya que el estado no puede estar sujeto a la NEPA.
Jesse Panucci, abogado del estado, sostuvo: “Incluso con financiamiento federal bajo la definición de acción federal mayor, no creo que califique, porque no han demostrado control federal. Esta sigue siendo una instalación estatal bajo control estatal”.
Los abogados de Friends of the Everglades, el Center for Biological Diversity y la Tribu Miccosukee buscan que la corte de apelaciones reinstaure la orden de cierre. Argumentaron que el sitio se opera bajo un acuerdo con el gobierno federal y los detenidos son sujetos del gobierno federal, no del estado.
Paul Schwiep, abogado de los grupos ambientalistas, declaró ante el panel: “Esta instalación no existiría de no ser por la aplicación de la ley de inmigración. El gobierno federal ha externalizado la detención de inmigrantes al estado de Florida”.
La jueza Nancy Abudu, designada por el presidente Joe Biden, planteó si la aplicación de la ley difiere cuando se trata de los detenidos bajo autoridad federal versus la construcción del sitio, que fue una prerrogativa estatal. Abudu sugirió que los propios detenidos son una señal de control federal dentro de la instalación.
“Una vez que un estado decide hacer algo que activa la ley federal, siempre puede decidir que no quiere hacerlo, pero una vez que decide hacerlo, tiene que cumplir con la ley federal”, afirmó la jueza Abudu.
No hay un cronograma definido para cuándo los jueces de apelaciones emitirán su fallo. La decisión determinará si se reinstaura la orden de cierre que obligaría a detener las operaciones en este centro de detención, un tema que sigue enfrentando al control estatal con las regulaciones ambientales federales.
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