Orden Judicial Histórica para Proteger el Everglades
Una jueza federal prohibió este jueves a las administraciones de DeSantis y Trump llevar nuevos detenidos a Alligator Alcatraz y exigió al estado reducir las operaciones en esta instalación de detención migratoria en un plazo de 60 días.
Detalles de la Orden Judicial
La Jueza del Distrito Federal Kathleen Williams, en una decisión de 82 páginas, ordenó la remoción de generadores, gas, aguas residuales, iluminación, cercas y otros equipos en nueve semanas, con el objetivo de hacer el sitio inhabitable. Williams enfatizó que las transferencias de detenidos deben realizarse de manera «segura, humana y responsable».

Impacto Ambiental y Legal
La demanda fue presentada por grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee, argumentando daños «irreparables» al Everglades. Williams señaló que el escurrimiento de 800,000 pies cuadrados de pavimentación afectaría territorios tribales y especies en peligro como la pantera de Florida y el murciélago bonneted de Florida.
Falta de Estudios Ambientales
La jueza determinó que ni el estado ni el gobierno federal realizaron evaluaciones de impacto ambiental antes de construir el centro rápidamente en una pista de aterrizaje incautada del condado de Miami-Dade.
Reacciones y Apelaciones
El estado de Florida apeló inmediatamente la decisión. «Las deportaciones continuarán hasta que la moral mejore», declaró Alex Lanfranconi, director de comunicaciones del gobernador Ron DeSantis. Por otro lado, grupos como Friends of the Everglades calificaron el fallo como una «victoria histórica».
Protestas y Preocupaciones Comunitarias
Durante la inauguración el 1 de julio, miembros de la Tribu Miccosukee protestaron fuera del facility, denunciando la falta de consulta y el daño ambiental. «Siempre defenderemos nuestra cultura, soberanía y el Everglades», afirmó el presidente tribal Talbert Cypress.
Contexto Legal Adicional
Williams destacó que el proyecto fue «solicitado por el gobierno federal y construido bajo estándares de ICE», rechazando argumentos de no involvement federal. Otros lawsuits cuestionan la legalidad de las detenciones, incluyendo falta de debido proceso.