Grupos Ecologistas Piden Revisión de Decisión Judicial sobre Centro de Detención
Grupos ecologistas y la tribu Miccosukee instaron este lunes a un tribunal federal de apelaciones a reconsiderar su fallo que detuvo temporalmente una demanda contra las administraciones de Trump y DeSantis. La demanda acusa a ambos gobiernos de no seguir regulaciones ambientales en la construcción del centro de detención migratoria Alligator Alcatraz en los Everglades.
Detalles de la Controversia Legal
La semana pasada, un panel del 11° Circuito de Apelaciones de EE.UU. pausó una orden judicial preliminar de una jueza federal de Miami que habría cerrado las operaciones del polémico centro. En una votación ajustada de 2-1, el panel también detuvo el caso de los grupos ecologistas hasta que se resuelva la apelación del estado para levantar la orden.
Los abogados de los demandantes argumentaron que la decisión de paralizar todo el caso fue «excesiva» y «prejudicial», basada en una solicitud de una sola frase del estado de Florida. El gobierno federal no se pronunció sobre la pausa.

Impacto Ambiental y Posturas Enfrentadas
El panel determinó que la jueza Kathleen Williams interpretó mal la ley ambiental al aplicar la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), argumentando que Florida—al financiar y operar el centro—no está sujeta a esta normativa. Los jueces Barbara Lagoa y Elizabeth Branch (nombrados por Trump) apoyaron la postura estatal, mientras que Adalberto Jordan (nombrado por Obama) disintió.
El abogado Joseph DeMaria señaló que esta decisión podría permitir que el centro opere durante meses sin escrutinio legal, afectando los Everglades y los derechos de nativos americanos.
Activismo y Respuestas Gubernamentales
Betty Osceola, miembro de la tribu Miccosukee, reportó que tras levantar la orden, se observaron camiones, autobuses con detainees y torres de vigilancia ingresando al facility. «Es crucial documentar lo que ocurre para apoyar la causa legal», afirmó.
Por su parte, el gobierno estatal y federal niegan daños ambientales. Tricia McLaughlin del Departamento de Seguridad Nacional calificó la demanda como un intento de activistas por «frenar la aplicación de leyes migratorias».