La pregunta de quién está a cargo de las operaciones en el polémico sitio de detención de los Everglades conocido como «Alligator Alcatraz» siguió siendo central este martes en la corte federal de Miami, mientras jueces de apelaciones consideraban si revocar la decisión de un tribunal inferior del verano pasado que requirió el cierre temporal del lugar.
El panel de tres jueces del Undécimo Circuito de la Corte de Apelaciones interrogó a grupos ambientalistas y abogados del gobierno sobre el grado de participación y control federal en la instalación, donde contratistas supervisados por la División de Manejo de Emergencias de Florida retienen a inmigrantes detenidos para el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.
Los jueces se centraron en el nivel de participación federal necesario para activar una ley federal que sometería el complejo a una revisión ambiental bajo la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA).
Los abogados del estado y del gobierno federal argumentaron que la injunción preliminar de agosto emitida por la Jueza de Distrito Kathleen Williams, que efectivamente requería el cierre del sitio, fue una exageración porque sometió a Florida a leyes federales que no aplican. Afirman que el estado no puede estar sujeto a la NEPA.
Jesse Panucci, abogado del estado, dijo que el «Dade-Collier Training and Transition Airport», donde se construyó el centro de detención el año pasado en cuestión de días, está sujeto a las reglas estatales y puede usarse para lo que el estado considere necesario. Incluso con financiamiento federal, eso no significaría que la construcción apresurada violó la ley ambiental federal.
«Esta sigue siendo una instalación estatal bajo control estatal», afirmó Panucci ante el panel.
El abogado del gobierno federal reiteró que no hubo un «compromiso formal para financiar este proyecto» cuando parte de la pista se transformó en una ciudad de carpas, y que cualquier fondo sería para gastos de manutención diaria, no para construcción.
El Juez Principal William H. Pryor cuestionó si la injunción entra en conflicto con los deberes del Secretario de Seguridad Nacional respecto al cumplimiento de la ley de inmigración, señalando que las leyes federales restringen a los tribunales federales de interferir cuando el Secretario ha decidido el lugar para detener inmigrantes.
Por su parte, la Jueza Nancy Abudu preguntó si la aplicación de la ley difiere cuando el estándar se aplica a los detenidos bajo autoridad federal versus la construcción del sitio, que era una prerrogativa estatal. Abudu sugirió que los detenidos mismos son una señal de control federal dentro de la instalación.
«Una vez que un estado decide hacer algo que activa la ley federal, siempre puede decidir que no quiere hacerlo, pero una vez que decide hacerlo, tiene que cumplir con la ley federal», dijo la Jueza Abudu.
Los abogados de los grupos de conservación y la Tribu Miccosukee, que buscan que la corte de apelaciones reinstaure la orden de cierre, argumentaron que el sitio se opera bajo un acuerdo con el gobierno federal, y los detenidos son considerados sujetos del gobierno federal, no del estado.
Paul Schwiep, abogado de Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity, declaró: «Esta instalación no existiría de no ser por el cumplimiento de la ley de inmigración. El gobierno federal ha externalizado la detención de inmigrantes al estado de Florida».
No hay un cronograma definido para cuándo los jueces de apelaciones emitirán su fallo. La decisión determinará si se reinstaura la orden de cierre para Alligator Alcatraz, marcando un precedente crucial en la intersección entre la ley ambiental federal y las operaciones de detención de inmigrantes en instalaciones estatales.
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