Dos madres que han agonizado durante años por el asesinato no resuelto de sus hijos adolescentes en Liberty City en 2009 presentaron una demanda contra el Departamento de Policía de Miami por no informarles que el asesino había confesado en secreto y recibido inmunidad de procesamiento.
Lasonja “Sonja” Mills y Tangela Johnson interpusieron la demanda el jueves por la mañana por retención ilícita de registros públicos, retención de mala fe, tarifas irrazonables y violación de sus derechos como víctimas de crímenes bajo la Ley Marsy. Buscan nueve cajas de material del caso policial para entender por qué los detectives y fiscales estatales hicieron el acuerdo.
El asesino, William “Little Bill” Brown, recibió un pase libre para múltiples tiroteos, incluido el que cobró las vidas de Derrick Lamont Gloster Jr., de 18 años, y Brandon Rashad Mills, de 16 años, la noche del 23 de enero de 2009. Siete jóvenes más resultaron heridos.
Las madres se enteraron en 2024 a través del Miami Herald que a Brown se le había otorgado inmunidad. Brown recibió una sentencia de 25 años por dos asesinatos diferentes y ningún tiempo por los otros homicidios que confesó. Según sus admisiones, Brown estuvo involucrado en los tiroteos de 15 personas, seis de ellas fatales.
“Nos trataron como si nuestros hijos fueran los tiradores”, dijo Mills, la madre de Brandon, “y durante muchos años, desde que nuestros hijos se fueron, tratan a nuestras familias como si fuéramos los criminales. Y el verdadero tirador durante 17 años ha sido tratado como un rey”.
El departamento de policía se niega a liberar el archivo del caso a menos que paguen $1,831. Incluso si pagan, la policía no ofrece liberar todos los registros, alegando que el caso sigue abierto y que no pueden divulgar “detalles específicos de la investigación”.
En la demanda, las madres argumentan que no hay posibilidad de procesamiento, por lo que los materiales deben ser liberados. Bajo la Ley Marsy, que entró en vigor hace siete años en Florida, tienen derecho a ser informadas sobre el caso. Aunque la ley no existía cuando se hizo el acuerdo, la “ocultación continua de estos hechos” viola sus derechos.
El fiscal de la Oficina del Fiscal Estatal de Miami-Dade, Michael Von Zamft, tuvo una relación poco ortodoxa con Brown, lo que llevó a la liberación de un interno con cadena perpetua y contribuyó a la eliminación de la pena de muerte para otro. Von Zamft, que se retiró y se mudó fuera del estado, sigue bajo investigación por el Colegio de Abogados de Florida.
Después de la serie investigativa del Miami Herald, el departamento de policía reactivó la investigación, pero no resultó en un arresto.
“Honestamente, tenemos preocupaciones de que la investigación pudo haber sido incompleta, parcial o manejada inapropiadamente”, dijo Johnson, la madre de Derrick. “… Nuestra esperanza es que, a través de la transparencia, podamos entender mejor las decisiones que se tomaron e identificar cualquier vacío que pudo haber impedido un resultado justo”.
La demanda busca claridad y responsabilidad. Las madres, representadas por la abogada Michele Borchew, han solicitado los archivos durante dos años. La demanda alega que el verdadero propósito de retener los registros es “ocultar mala conducta procesal y el acuerdo secreto de inmunidad que permitió a un confeso asesino en masa caminar libre, no para proteger una investigación en curso”.
Este caso subraya la lucha por la transparencia en el sistema de justicia penal y los derechos de las víctimas en Miami.
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