El Gobierno argentino proyecta destinar 4,8 billones de pesos a las Universidades Nacionales en el 2026, un monto que es rechazado por los rectores, quienes reclaman la aplicación de la ley sancionada por el Congreso Nacional que establecía un mecanismo de actualización progresiva de recursos.
El Consejo Interuniversitario Nacional solicita 7,2 billones de pesos para cubrir el gasto de mantenimiento de las universidades y una recomposición salarial del personal docente y no docente. El Gobierno rechaza esta petición, aunque diputados aliados no descartan algún incremento.
La ley de aumento de fondos para universidades fue insistida por el Congreso tras el veto presidencial, pero el Gobierno decidió no aplicarla, argumentando que no se definía el origen de los recursos. Esto generó un fuerte rechazo de sectores opositores.
Por tercer año consecutivo, el Gobierno no aplicará la ley de Financiamiento Docente que establecía destinar el 6% del PBI al sistema educativo. Tampoco se cumplirán los niveles de inversión de la Ley de Educación Técnico Profesional y la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología.
La Oficina de Presupuesto destacó que el objetivo de inversión del 6% del PIB para el sistema educativo registró cumplimiento en un solo ejercicio.
El Presupuesto 2026 se buscará aprobar en sesiones extraordinarias entre el 10 y el 31 de diciembre, con el apoyo de aliados oficialistas.
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