Buenos Aires, 25 diciembre (NA) — Un conjunto de organizaciones nacionales e internacionales ha manifestado su firme rechazo a la propuesta del gobernador de Santa Fe para cubrir tres vacantes en la Corte Suprema provincial, al considerarla una violación flagrante al principio de igualdad de género.
La Red Mujeres para la Justicia, Amnistía Internacional, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Campaña GQUAL alertaron que la postulación de dos candidatos varones y una mujer contradice el mandato de paridad incorporado en la Constitución provincial y profundiza la histórica subrepresentación femenina.
Según las entidades, de aprobarse las nominaciones enviadas a la Legislatura, el máximo tribunal santafesino quedaría integrado por cinco varones y solo dos mujeres. Esta decisión surge luego de que, el 17 de diciembre, el Ejecutivo provincial dictara el decreto que inició el procedimiento formal para cubrir las vacantes.
«El principio de paridad no se agota en cupos mínimos, sino que implica un reparto pleno e igualitario del poder (50/50)», recordaron las organizaciones, citando los estándares del Comité de la CEDAW.
Esta es la segunda vez que el gobernador propone el doble de candidatos varones que mujeres. En 2024, tras la ampliación del tribunal, también se postularon dos varones y una mujer, quienes hoy integran la Corte.
La nueva postulación se produce apenas tres meses después de una reforma constitucional que incorporó la obligación de «procurar la paridad de género» en la integración de la Corte Suprema.
Las organizaciones señalaron que este mandato refuerza antecedentes ya existentes en la provincia, como el Decreto N° 18/2007 y la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N° 10.160, con el artículo 11 bis incorporado en 2020). Además, advirtieron que la propuesta vulnera la Constitución Nacional y la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
En más de 130 años de historia, la Corte Suprema de Santa Fe solo contó con dos juezas mujeres. En este contexto, las entidades alertaron que la propuesta oficial no solo desconoce los avances normativos recientes, sino que perpetúa una exclusión estructural.
Las organizaciones subrayaron que el máximo tribunal debe estar integrado por personas con idoneidad jurídica, compromiso con la independencia judicial y los derechos humanos, y una postura activa contra toda forma de discriminación de género.
Afirmaron que apostar por la paridad no es solo una cuestión de equidad, sino un paso clave para fortalecer la legitimidad democrática y la confianza pública en las instituciones.
Finalmente, señalaron que Santa Fe tiene una oportunidad histórica para revertir la subrepresentación de mujeres en su Corte Suprema. Con el proceso de participación ciudadana aún abierto y pendiente el acuerdo legislativo, instaron al Poder Ejecutivo a revisar su decisión y a la Legislatura a hacer efectivo el reciente mandato constitucional.
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