Un juez de Córdoba anula un artículo clave de la nueva ley, protegiendo los créditos laborales de los trabajadores
La controvertida reforma laboral en Argentina recibió su primer revés judicial este jueves 12 de marzo, cuando un magistrado declaró la inconstitucionalidad de una disposición que limitaba el monto de las indemnizaciones en juicios ya iniciados.

El fallo del juez Ricardo Gileta
El juez laboral de Córdoba, Ricardo Gileta, resolvió en una sentencia fechada el 10 de marzo que queda “desechada la validez de constitucional del artículo 55” de la llamada «Ley de Modernización Laboral».
¿Qué establecía el artículo 55?
Este artículo regulaba la forma de actualizar los créditos laborales en juicios que ya estaban en trámite antes de la vigencia de la nueva normativa. Fijaba que las deudas se actualizaran tomando la tasa pasiva del Banco Central, con un límite máximo de inflación + 3% anual y un mínimo del 67% de ese cálculo.
En la práctica, este mecanismo podía reducir entre un 20% y un 60% lo que terminaría cobrando un trabajador respecto de los criterios anteriores.
La decisión judicial y sus fundamentos
El magistrado consideró que este tratamiento diferenciado entre juicios nuevos y procesos iniciados previamente viola el principio de igualdad ante la ley. Por ello, dispuso que los créditos del caso se actualicen bajo el criterio del artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Este esquema, modificado por la misma reforma, implica que el monto se ajuste de acuerdo con la evolución del IPC, sumando además un 3% mensual desde el momento de la mora hasta el pago.
Protección a los créditos alimentarios
El fallo subrayó que los créditos laborales tienen un carácter alimentario y están especialmente protegidos. Cualquier mecanismo que reduzca significativamente su valor frente a la inflación puede afectar el principio de reparación plena y el principio protectorio consagrado en la Constitución.
Este primer fallo en contra sienta un precedente crucial en el desarrollo judicial de la reforma laboral impulsada por el gobierno argentino, abriendo la puerta a posibles nuevas impugnaciones.