El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) reforzó los controles sobre los prestadores médicos tras identificar graves irregularidades en el sistema de órdenes médicas electrónicas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados.
Según el organismo, se detectaron simulación de consultas, falsificación documental y uso indebido del sistema de trazabilidad. Las auditorías revelaron una utilización desmedida de servicios por parte de profesionales médicos, lo que derivó en denuncias penales.
El PAMI impulsó al menos seis causas judiciales ante la Justicia Federal por estafa, falsificación de documentos y defraudación contra la administración pública. Fuentes oficiales destacaron que se trata de «prestadores reincidentes que continuaron con esquemas de fraude sistemático».
El organismo actualizó el sistema de supervisión con monitoreo exhaustivo de umbrales prestacionales y auditoría permanente. Se estableció la obligatoriedad del uso del turnero de PAMI y se aplicarán sanciones administrativas y penales según el nivel de desvío detectado.
«El objetivo es proteger los recursos de los jubilados y garantizar que cada peso se use en prestaciones reales y de calidad», señaló el Instituto.
Las nuevas medidas ya están en vigor y garantizan la atención al afiliado en todo momento, priorizando la transparencia en el uso de los recursos públicos.
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