El Gobierno nacional apeló la medida judicial que ordena regularizar los pagos atrasados

El Gobierno nacional apeló la medida cautelar dictada por el juez federal de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, que había exigido al PAMI y a Incluir Salud cancelar en un plazo máximo de 72 horas todas las deudas con los prestadores de servicios para personas con discapacidad. La presentación oficial, realizada en las últimas horas, fue concedida con efecto devolutivo, por lo que la cautelar continúa vigente hasta que la Cámara Federal resuelva el fondo de la cuestión.
Los alcances del fallo que protege los tratamientos
La resolución surgió a partir de un amparo colectivo impulsado por la abogada Marta Lastra en representación del colectivo Defendamos Córdoba, junto a instituciones emblemáticas como:
- Apadim
- Pequeño Cottolengo Don Orione
- Diversos centros terapéuticos de la provincia.
El juez Vaca Narvaja ordenó el pago inmediato para garantizar la continuidad de tratamientos, medicamentos y prestaciones esenciales dirigidas a beneficiarios de pensiones no contributivas y titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD). La vigencia de la medida se extendió por seis meses o hasta que exista una sentencia definitiva.
“El Estado nacional se encuentra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones y las demoras crónicas representan un riesgo inminente para miles de personas con discapacidad”, sostuvo el magistrado en sus fundamentos.
La respuesta oficial y el impacto social
La apelación interpuesta por el Ejecutivo busca revertir la obligación de pago inmediato, aunque la decisión de la Cámara Federal aún no tiene fecha. Mientras tanto, los prestadores y las familias beneficiarias mantienen la expectativa ante un sistema que arrastra atrasos crónicos, según se desprende del expediente judicial.
Resolución 28/2026: otro golpe a la movilidad gratuita
En forma paralela, el Poder Ejecutivo avanzó con la Resolución 28/2026, que elimina los subsidios a empresas de transporte de larga distancia para los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y menores oncológicos. La decisión profundiza el debate sobre el recorte de derechos adquiridos y se suma al malestar generado por la deuda con los efectores de salud.
La Cámara Federal deberá definir en las próximas semanas si convalida o revoca la protección cautelar que, por ahora, sigue en pie.