Gobierno Nacional presenta reforma clave para defender la propiedad privada
El Gobierno Nacional envió este viernes 27 de marzo de 2026 al Senado de la Nación un ambicioso proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, su jefe de Gabinete Manuel Adorni y todos los ministros, busca reformar aspectos fundamentales del régimen de propiedad en el país.

¿Qué propone el proyecto de ley?
El texto tiene como meta principal defender el derecho de propiedad y se estructura sobre varios pilares clave:
- Fortalecimiento de garantías en el régimen expropiatorio.
- Establecimiento de un mecanismo rápido de desalojo.
- Reforma del Régimen de Regularización Dominial.
- Revisión de las restricciones para extranjeros en la compra de tierras rurales.
- Reforma de la ley del manejo del fuego.
Contexto político y avance legislativo
Este proyecto forma parte de las reformas estructurales anunciadas por el presidente Javier Milei en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo. Es la primera iniciativa de ese paquete que se envía formalmente al Congreso para su tratamiento.
El oficialismo volvió a elegir como cámara de origen el Senado, donde la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) pudo armar una sólida mayoría de unos 40 votos. Esta mayoría fue clave para la sanción de leyes recientes como Presupuesto, Inocencia Fiscal, Régimen Penal Juvenil, Laboral, y la reforma de la ley de Glaciares.
Reforma al sistema de expropiaciones
Sobre la ley de expropiaciones, el proyecto establece un mecanismo «sumarísimo» para la restitución de inmuebles. Este proceso requiere la acreditación exclusiva del título e incluye «garantías del debido proceso y control judicial en todas las etapas», pero apunta a evitar los largos plazos que actualmente demora la entrega de la propiedad a su titular legítimo.
Fin a las limitaciones para extranjeros en la compra de tierras
Uno de los puntos más destacados es la eliminación de los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras rurales. Esta restricción había sido establecida en una ley aprobada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner.
«Por medio de esta norma se dispusieron limitaciones a la titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales. Sin embargo, esto implicó una limitación irrazonable que, lejos de constituir una verdadera protección, conllevó un condicionamiento y desincentivo de la inversión internacional», señaló el Gobierno en los fundamentos del proyecto.
El texto destaca que el sector agropecuario es «uno de los principales sectores productivos del país, reconocido internacionalmente por su calidad». La reforma propone modificar el enfoque y concentrar los controles únicamente en aquellos supuestos donde se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos, con el fin de asegurar «un correcto resguardo de la soberanía y la seguridad nacional».
La discusión de esta ley en el Senado argentino marcará un hito en la agenda de reformas del gobierno de Javier Milei, con potenciales impactos significativos en el mercado de propiedades y el clima de inversiones del país.