Malena Galmarini presenta proyecto para prohibir celulares en cárceles bonaerenses

Malena Galmarini impulsa prohibición de celulares en cárceles bonaerenses

La senadora provincial del Frente Renovador, Malena Galmarini, presentó un proyecto de ley para prohibir la tenencia y uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de frenar delitos como estafas, extorsiones y secuestros virtuales organizados desde prisión.

Detalles del proyecto de ley

La iniciativa plantea la instalación obligatoria de inhibidores de señal en todas las unidades penitenciarias de la provincia, junto con controles tecnológicos y requisas permanentes para evitar el ingreso de dispositivos móviles.

Documento del proyecto de ley que prohíbe celulares en cárceles de Buenos Aires
Documento del proyecto de ley presentado por Malena Galmarini. Fuente: Imagen de referencia.

El proyecto establece que las personas privadas de libertad no podrán poseer teléfonos celulares ni dispositivos tecnológicos que permitan comunicaciones no autorizadas, aunque contempla sistemas de comunicación supervisados para garantizar el contacto con familiares y abogados.

Declaraciones de la senadora Galmarini

«El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito», sostuvo Galmarini.

En ese sentido, la legisladora remarcó que «el que está preso tiene que cumplir la condena que le impuso la Justicia, no seguir delinquiendo desde una celda».

Protección a las víctimas

Galmarini enfatizó que detrás de cada estafa o extorsión telefónica hay víctimas que sufren angustia, miedo y pérdidas económicas. «No se trata sólo de tecnología o de control penitenciario: se trata de proteger a las personas que reciben esas llamadas», señalaron desde su equipo.

Plazos y implementación

El proyecto también prevé un plazo máximo de 180 días para la instalación de los sistemas de inhibición de señal, con el objetivo de impedir comunicaciones ilegales desde los pabellones penitenciarios.

«Cuando el delito se organiza desde las cárceles, el Estado tiene que actuar. Hoy la tecnología existe y hay que usarla para proteger a la sociedad», concluyó Galmarini.

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