Buenos Aires, 26 de agosto. La Cámara de Diputados debatió esta noche la nueva ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa con la que el Gobierno busca ampliar el universo de contribuyentes que podrán adherirse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. El proyecto, que modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, establece que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.
En la actualidad, la adhesión al régimen estaba limitada a quienes tuvieran un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones. Con la nueva iniciativa, esos límites desaparecen y el plazo para acceder a los beneficios se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027.
Un punto central del proyecto es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria. En ese contexto, se redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que es el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.
Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.
La iniciativa también establece que los contribuyentes que adhieran a este régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).
En cuanto a los últimos cambios aplicados en el dictamen, se acordó reducir un 25% las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
La miembro informante del oficialismo, Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza), recordó que la ley de Inocencia Fiscal había sido aprobada durante el período de sesiones extraordinarias y que, tras algunos meses de funcionamiento, quedó en evidencia que requería algunos retoques. Según la cordobesa, la norma produce “una cuestión muy sencilla pero revolucionaria”:
“Confiar más en el contribuyente que trabaja y paga sus impuestos y no tomarlo como sospechoso por el solo hecho de haberse protegido durante las épocas de hiperinflación, cuando no se podía ahorrar en pesos, con un escudo protector que fue el ahorro en la informalidad.”
Además, la presidenta de la comisión de Legislación Penal explicó: “Somos un país raro porque tuvimos tanta inflación que somos uno de los pocos países que gana en pesos pero ahorra en dólares”.
En la vereda opuesta, Mariela Coletta (Provincias Unidas) calificó la iniciativa del Gobierno como de “obscenidad fiscal” y acusó al Poder Ejecutivo de “negarse a explicar cuántos funcionarios ingresaron al régimen” de Inocencia Fiscal.
Silvana Giudici (La Libertad Avanza) destacó que “el objetivo principal de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central es preservar la moneda y poner fin a la máquina de imprimir”. En su intervención, la diputada ponderó los resultados de la gestión actual:
“El gobierno de Alberto Fernández nos dejó con una inflación acumulada de 1020%. La gestión de Alberto Fernández dejó reservas netas menores a los 11 mil millones de dólares. Las políticas del gobierno de Javier Milei hoy nos dejan con una baja inflacionaria de 85 puntos, crecimiento en 13 de 15 sectores económicos y, por primera vez en mucho tiempo, 27 meses de crecimiento consecutivo.”
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