Proyecto de ley busca agilizar la restitución de propiedades usurpadas en Argentina
El diputado nacional Gerardo Milman presentó un proyecto de ley destinado a garantizar la restitución rápida y efectiva de la propiedad privada en casos de ocupación ilegítima o incumplimiento grave de obligaciones contractuales. La iniciativa incluye un procedimiento de desalojo exprés que busca subsanar las demoras judiciales.

Fundamentos del proyecto presentado por Gerardo Milman
«Nuestro proyecto busca subsanar un problema constante para quienes reclaman la restitución de una propiedad privada: la lentitud, ineficacia y, en muchos casos, la inoperancia del sistema judicial para restituir con rapidez la posesión a quien es titular legítimo de un inmueble», sostuvo el legislador nacional del PRO.
«La demora judicial en restituir inmuebles usurpados constituye una forma de expropiación fáctica por vía de la tolerancia, donde la ley se vuelve cómplice de la ocupación ilegal»
Milman enfatizó que «allí donde el Estado fracasa en garantizar la propiedad, lo que se erosiona no es solamente la economía, sino la libertad misma». Además, aclaró que la defensa de la propiedad no responde a un «capricho elitista» sino que es condición mínima para el ejercicio de cualquier proyecto de vida autónomo.
Detalles del procedimiento de desalojo exprés
El procedimiento será aplicable a casos de ocupación ilegítima de inmuebles o incumplimiento contractual, como inquilinos que dejen de pagar por más de dos meses consecutivos. Los plazos establecidos son:
- Admisión de la presentación: 48 horas máximo por parte del juez.
- Notificación al ocupante: dentro de 5 días corridos desde la admisión.
- Plazo para descargo: 5 días hábiles para que el ocupante presente su defensa.
- Sentencia: dictada en 10 días hábiles tras vencido el plazo de descargo.
Si se confirma la ocupación ilegítima, el juez ordenará la restitución inmediata del inmueble, con auxilio de la fuerza pública si fuera necesario.
Impacto en el sistema judicial y la propiedad privada
Milman argumentó que «la justicia social no puede edificarse sobre la injusticia particular de despojar». Y concluyó: «No podemos seguir tolerando un régimen donde usurpar resulta más rentable que invertir. La democracia argentina tiene hoy la oportunidad de elegir entre dos caminos: o la convalidación de la ilegalidad bajo el pretexto de la sensibilidad social, o el restablecimiento de un orden de libertad donde la ley ampare al justo y no al injusto».